Primero iniciativa de Ley 5272 y después de su aprobación, Decreto 18-2022, el texto generó de inmediato una ola de críticas de organizaciones civiles, estudiantiles y de derechos humanos por sus propuestas para reformar el Código Civil, endurecer aún más las penas contra el aborto y restringir la enseñanza sobre diversidad sexual, entre otras.
Las protestas comenzaron el propio 8 de marzo, cuando grupos de mujeres se congregaron en las afueras del Legislativo para mostrar su rechazo y convocar a otras manifestaciones, la mayor de ellas el pasado sábado en la capitalina Plaza de la Constitución.
Partidos opositores y organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron que la aplicación de la ley podría provocar la criminalización de los abortos espontáneos y aumentar el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual.
«Esta ley estaba hecha demasiado fascista. Parecía ya de la época medieval», indicó Alma Chacón, activista del Consorcio por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Este martes también acudieron al Hemiciclo colectivos de la sociedad civil para pedir a los diputados que archivaran el Decreto presentado por el oficialismo, mediante su presidenta, Shirley Rivera.
La sesión de hoy transcurrió en medio de reclamos de bancadas opositoras, pues la Junta Directiva no permitió la discusión de las objeciones y entró a votar directamente la propuesta de moción para engavetar el polémico documento.
Incluso, el presidente Alejandro Giammattei manifestó el viernes último que vetaría el Decreto si llegaba a sus manos por considerarlo anticonstitucional y violatorio de convenios internacionales suscritos por Guatemala.
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