En un encuentro con informativos y a preguntas de Prensa Latina sobre el llamado programa “cara a cara” con el sector público y privado para verificar acciones y enfrentar el blanqueo de capitales antes de junio de este año, el funcionario señaló que esa y otras iniciativas buscan mostrar efectividad.
Precisó que las medidas que se adoptan para salir de las listas son aquellas en las que deben profundizar acciones, y una de ellas, dijo, es el sistema de información asociada a los beneficiarios finales de las corporaciones.
Otra de las rectificaciones para generar confianza en esa esfera, señaló, está relacionada con el monitoreo constante sobre las empresas que operan en el país canalero.
En su última actualización, GAFI mantuvo a Panamá en la lista gris, en la que permanece desde hace tres años.
Según el Ejecutivo, se trabaja en ocho de 15 acciones exigidas y reconoce que aún le faltan siete, como los registros de los beneficiaros, reformas legislativas y las investigaciones profundas sobre delitos financieros, entre otras.
Sobre el mismo tema, ante los medios de comunicación el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, indicó que debería cambiarse el modelo de Presupuesto Abierto, en el cual el Estado a través del MEF se compromete a mejorar la transparencia de la información y la rendición de cuentas.
Se trata de un problema de todos los actores en torno al marco regulatorio y la estrategia está enfocada en potenciar la imagen país; de ahí que es clave ofrecer informes periódicos al cuerpo diplomático y a todas las representaciones de Panamá en el exterior.
Hacia 2023 es clave, agregó, permitir la participación de la ciudadanía en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto.
A juicio de Icaza, los panameños tienen el deber de pagar impuestos, pero también el derecho de exigir al Ejecutivo que respete los compromisos adquiridos para dotar al istmo de un gobierno abierto.
El pasado 9 de marzo, el viceministro de Finanzas de Panamá, Jorge Luis Almengor, también declaró a Prensa Latina que en respuesta a los siete puntos que le señalan como débiles, en mayo y septiembre próximos retomarán lo que denominan el “cara a cara”, para evaluar con sociedades incumplidoras la implementación de las necesarias regulaciones.
Antes de concluir este año, dijo, debemos avanzar además en una ley que establece el registro de beneficiarios finales de cada entidad y transparentar la información al ente regulador.
Almengor aseveró que se trata de la prioridad número uno del gobierno de Laurentino Cortizo, porque “de nada vale avanzar en la reanimación económica sin contar a nivel internacional con una visión positiva del país, en lo que tiene un gran peso las agencias calificadoras”.
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