La iniciativa, que obliga al Estado a garantizar el derecho de una persona a ser buscada, se adoptó por 146 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones.
En el pleno de la convención también fueron aprobados otros artículos como el derecho a la vida y a la integridad personal, el cual establece que ningún ciudadano podrá ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Asimismo, se adoptó la prohibición de la amnistía para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, los cuales deberán ser investigados con la debida diligencia, seriedad, independencia e imparcialidad, de acuerdo con los estándares establecidos en los tratados internacionales vigentes en Chile.
En opinión de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, esto es un triunfo para los parientes de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y un compromiso de que nunca más se repetirán estas violaciones.
“Es una señal especialmente creo para esas más de 900 familias que aún esperan encontrar los restos de sus seres queridos, darles una sepultura y cerrar el duelo”, expresó Lira.
Según un informe de la Comisión Valech, publicado en 2011, durante el régimen pinochetista se registraron en el país más de 40 mil casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellos tres mil 65 asesinatos y desaparecidos. oda/car
