Las indagaciones, relacionadas también con posible tráfico de influencias, comenzaron a partir de un reportaje televisivo sobre el centro perteneciente a la red de salud pública, en el cual hubo denuncias de cobros para ofrecer servicios a gestantes, que deben ser gratuitos.
Según la información, personal de la institución ubicada en la ciudad de Guayaquil cobra por el uso de las camillas y en los exteriores ofrecen camas de la maternidad a cambio de dinero.
Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MSP) intervino el centro la víspera, tras comprobar los cobros ilegales.
«No vamos a permitir que se siga extorsionando a nuestros pacientes”, aseguró la ministra del sector, Ximena Garzón.
Desde el hospital especializado, la titular del MSP aseguró que el objetivo de la intervención fue tomar medidas correctivas y ejecutar sanciones contra las personas involucradas en actos ilícitos y en negligencia.
En su visita, la funcionaria constató la atención a las embarazadas y evidenció algunos inconvenientes como carencia de más del 50 por ciento de los medicamentos en el interior y venta de fármacos en el exterior de la instalación, así como de servicios.
Al momento existen cuatro sospechosos y ya se indicaron las primeras desvinculaciones.
La ministra advirtió que no importará la cantidad de personas, la modalidad laboral o el cargo de los funcionarios involucrados, para desvincularlos de la institución.
Como solución, se conformó un equipo entre el MSP, la gobernación de Guayas, la intendencia de Policía, comisarías, el departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito Municipal, para hacer una intervención integral del espacio público.
Igualmente, la ministra informó que la cartera de Estado implementó hace varios meses un sistema de investigación a nivel nacional, con la finalidad de determinar cuáles son las mafias enquistadas en las unidades médicas, dedicadas a extorsionar a la ciudadanía.
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