La normativa, que autoriza a la estatal Petróleos de Paraguay (Petropar) a vender el gasoil tipo III y la nafta de 93 octanos a precios menores por los que los adquirió, tendrá una vigencia de dos meses.
El texto prevé que la diferencia entre los precios en que la petrolera estatal venda estos combustibles y el costo de compra será cubierta por el Ministerio de Hacienda, según fuentes de esa cartera contactados por ABC Cardinal. La financiación saldrá, en principio, del Tesoro nacional, cuyos recursos son obtenidos de los impuestos, por lo cual serán todos los contribuyentes quienes subsidiarán los nuevos precios, precisaron las fuentes.
Los subsidios, que costarán unos 20 millones de dólares mensuales, beneficiarán a 228 estaciones de expendio de carburantes de Petropar, disposición cuyo anuncio anterior fue calificado de “limitado” por los choferes en protesta.
La normativa, aunque carece todavía de una reglamentación, que es elaborada por el Ministerio de Hacienda, fue rechazada por los manifestantes en sus etapas previas de debates legislativos.
Líderes de los transportistas en paro cuestionan la inclusión en la ley solo de una parte de los combustibles y exclusivamente en las 228 gasolineras de Petropar, muchas menos que las dos mil 300 del sector privado.
La creación del subsidio es también cuestionada por la Unión de Gremios de la Producción, y por la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios, las cuales coinciden en que esta no soluciona el problema,
Por su parte, el viceministro de Hacienda, Iván Haas, explicó que la ley promulgada ahora fue un proyecto consensuado en el Congreso, diferente al llamado Fondo de Estabilización impulsado en principio por el Gobierno.
Transportistas de todo el país iniciaron el 14 de marzo bloqueos y cierres de vías contra los altos precios del combustible, cuyos intentos de la Policía por despejarlos causó choques entre agentes y manifestantes.
Las protestas coinciden con una gran marcha campesina iniciada este jueves en Asunción, integrada por unos cinco mil participantes, en defensa de los derechos del sector y los de los transportistas.
La caminata exige en especial contener “la problemática de la hambruna” que afecta –según sus organizadores- al 10 por ciento de la población, principalmente a los pequeños productores.
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