En los últimos días, varias ciudades, en especial la capital, fueron escenario de manifestaciones para exigir al gobierno poner fin a prácticas que afectan algunas labores y de manera general a la población de este país sudamericano.
Desde el lunes y hasta el jueves último, diversas cooperativas dedicadas al transporte privado en taxis desarrollaron cuatro jornadas consecutivas de protesta para exigir una reunión con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas.
Al concretar el encuentro, dirigentes del gremio plantearon al burgomaestre temas como la necesidad de regular las plataformas digitales que usan vehículos particulares para ofrecer el servicio de movilidad por la ciudad.
Otro pedido fue la exoneración de la regulación conocida como Pico y Placa, que prohíbe la salida de autos un día a la semana, en dependencia de la placa, con lo cual las autoridades metropolitanas buscan evitar congestiones de tráfico en la ciudad.
Tras la cita y con la promesa del alcalde de tramitar las solicitudes, los taxistas finalizaron sus acciones de protestas.
Por otra parte, el miércoles cientos de ciudadanos, convocados por el Frente Unitario de Trabajadores, marcharon por el centro histórico capitalino par exigir derechos laborales, la reducción del desempleo y el rechazo de la Asamblea Nacional a la propuesta de Ley de Atracción de Inversiones, presentada por el ejecutivo con carácter económico urgente.
El polémico proyecto legal, defendido por la administración nacional y criticado por bancadas parlamentarias y sectores sociales, fue llevado a segundo debate en una sesión que quedó suspendida el martes y retomada dos días después.
Finalmente, en votación del pleno legislativo, 87 asambleístas se pronunciaron por negar y archivar el texto, mientras que solo 44 lo aprobaron y tres se abstuvieron.
La propuesta de normativa buscaba atraer alrededor de 30 mil millones de dólares hasta 2025, basada en alianzas público-privadas, el mercado de valores, zonas francas, el sector financiero y la transformación digital.
Aunque el Estado defiende que la propuesta servirá para generar empleo y reactivar la economía, quienes están en descuerdo la consideran privatizadora y alejada de las necesidades de la población trabajadora.
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