Según un informe divulgado por la fundación Global Voices, las protestas en las provincias de Koh Kong, Preah Vihear y Mondulkiri tocaron varios aspectos de la tenencia de la tierra, un tema clave en la Cambodia moderna.
Los manifestantes exigieron soluciones a disputas territoriales de larga data, denunciaron el desmonte ilegal de tierras comunitarias, se resistieron a la convocatoria de sus representantes y buscaron títulos de propiedad formales para sus tierras.
Unos 400 aldeanos de los distritos de Sre Ambel, Botum Sakor y Thma Baing en Koh Kong (suroeste) se reunieron el 14 de marzo frente al tribunal provincial para apoyar a tres de sus representantes que fueron interrogados.
Los manifestantes exigieron que el tribunal retirara los cargos de difamación e incitación en su contra.
El 15 de marzo, unas 200 personas de siete comunidades involucradas en una disputa con Hengfu Group Sugar Industry se reunieron para solicitar al salón provincial de Preah Vihear (centro-norte) que buscara ayuda del gobernador provincial en su disputa de una década.
Sin embargo, se les prohibió viajar y las autoridades del distrito de Tbeng Meanchey los detuvieron en el camino al salón provincial.
En tanto, el 16 de marzo unos 50 aldeanos indígenas Bunong protestaron contra una empresa privada que limpiaba varias hectáreas en sus tierras forestales comunales en la ciudad de Sen Monorom, capital de Mondulkiri (centro-oeste).
Representantes de la comunidad aseguraron que una corporación no identificada había talado más de 60 hectáreas de su tierra ancestral de 300 hectáreas.
Luego de que los aldeanos protestaran enérgicamente la empresa suspendió el trabajo, pero aún no ha retirado la maquinaria.
El 17 de marzo en la capital nacional, unas 20 personas que afirmaban representar a 200 familias en la comuna de Svay Pak del distrito de Russei Keo solicitaron la intervención del gobernante y la Asamblea Nacional para acelerar la formalización de la propiedad de sus tierras.
Altos funcionarios del Reino fueron acusados hace unos años ante la Corte Penal Internacional por apropiaciones sistemáticas de tierras que podrían constituir abusos contra los derechos humanos.
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