Días atrás, el jefe de la diplomacia de Madrid señaló que se trata de un acercamiento dentro de “una nueva etapa que se desarrollará sobre una hoja de ruta clara y ambiciosa, en beneficio de la integridad territorial y soberanía de España, de nuestra estabilidad y prosperidad».
El cambio de postura del Gobierno español respecto al caso del pueblo saharaui recibió duras críticas dentro de la propia coalición del Ejecutivo, partidos tradicionalmente afines y prácticamente de toda la oposición.
Sin embargo, las autoridades de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla destacaron que será beneficioso para ellos unos lazos diferentes con Rabat. Son dos localidades autónomas constantemente asediadas por la inmigración ilegal y el tráfico de estupefacientes, lo mismo que Islas Canarias.
Luego de un intercambio telefónico ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, fueron creadas las condiciones para una cercana visita a Rabat del jefe del Ejecutivo español, algo que perfilará sin dudas el canciller Albares.
«Sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte, con el reino de Marruecos», puntualizó Sánchez recientemente.
En abril de 2021 se desató una crisis entre Marruecos y España, que tuvo su origen en la atención médica que el país ibérico dio al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, enfermo grave de Covid-19. Ante este hecho, Rabat permitió la salida de 10 mil personas en calidad de inmigrantes hacia Ceuta.
El Frente Polisario demanda un referendo de autodeterminación bajo la sombrilla de Naciones Unidas, tal como se convino en el alto al fuego de 1991 y que nunca se cumplió. Marruecos plantea otro tipo de hoja de ruta en un plan de 2007 jamás aceptado por el pueblo saharaui ni por la ONU.
Sánchez defendió esta semana su nueva postura en torno al Sáhara Occidental y recalcó que es un paso más en el camino iniciado en 2007.
Insistió en que su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental no supone un giro en la política del Ejecutivo, sino «un paso más en el camino iniciado ya en 2007 cuando se presentó y que está en línea con el criterio de Francia, Alemania y Estados Unidos.
Empero, el rechazo se acentuó más aún y parlamentarios de Unidas Podemos y otras organizaciones de izquierda lideran una iniciativa para impugnar en el Congreso la decisión del Gobierno.
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