De acuerdo con Caraballo, la decisión de los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá viola la Constitución al mantener el fuero penal electoral, alegando un presunto principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre el istmo y Estados Unidos.
El pronunciamiento de la máxima autoridad del Ministerio Público surgió a solicitud de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, quien lleva la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Héctor Herrera.
Caraballo precisó que este fallo del TE vulnera los artículos 4, 18, 32, 142 y 143, numeral 3, de la Constitución de la República, dado que ambos decidieron sobre un tema “alejado de su competencia», lo que condujo a «generar una motivación errática de la decisión”.
En declaraciones al diario La Prensa, el abogado Mitchell Doens, reveló que por su parte presentó una denuncia contra Araúz y Juncá y solicitó la separación del cargo de los dos magistrados, para garantizar la efectividad de la investigación y que las pesquisas puedan avanzar rápidamente.
Doens querelló a Araúz y Juncá por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El 22 de marzo pasado, Araúz y Juncá firmaron una resolución en la que, invocando el principio de especialidad, decidían restablecer el fuero a favor de Martinelli.
Un mes antes, la juez administrativa electoral Edmara Jaén había ordenado levantar ese beneficio, a petición de la juez penal Baloisa Marquínez, que lleva los casos Odebrecht y New Business, y cuyas audiencias públicas están programadas para los venideros meses de mayo y julio, respectivamente.
En ambos casos, Martinelli es investigado por presunto blanqueo de capitales.
También en la CSJ se presentaron, por lo menos, dos demandas de inconstitucionalidad contra la Resolución del TE.
Según los letrados que siguen las investigaciones contra el exgobernante los casos no guardan relación con la celebración en enero pasado de comicios internos del partido Realizando Metas (RM), del cual Martinelli es fundador y presidente. Los procesos de Odebrecht- abierto en septiembre de 2015- y New Business- iniciado en febrero de 2017- no fueron instruidos ni utilizados para entorpecer la consulta de RM, precisaron.
La audiencia preliminar del caso New Business deberá reanudarse el próximo 19 de mayo. Mientras que la vista del caso Odebrecht, contra 62 personas por presunto blanqueo de capitales, está agendada para el próximo 18 de julio.
En el caso New Business, Martinelli deberá responder por la adquisición irregular de la Editora Panamá América (Epasa), sociedad que usó para esconder desembolsos entregados por empresas que a su vez recibieron contratos destinados a distintas obras de infraestructura.
Según la Fiscalía, todas esas acciones se ejecutaron en el período 2009-2014.
Por otro lado, en el proceso de la constructora brasileña Odebrecht, Martinelli es investigado por lavado de dinero y corrupción en transacciones internacionales, así como supuestos sobornos a funcionarios y políticos panameños.
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