La solicitud la evaluó la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, que por mayoría aprobó una resolución para promover el dictamen de la declaratoria, en virtud del progresivo desfinanciamiento, malas administraciones y actos de corrupción, derivados en despidos del personal de salud y en mala atención de los servicios.
El equipo legislativo también demandó del mandatario que en el plazo de 30 días disponga la creación de una Comisión Interinstitucional para evaluar la situación del IESS, blanco de repetidas quejas por parte de la ciudadanía y colectivos sociales.
La Comisión estaría formada por representantes de los ministerios de Salud Pública y Trabajo, la Contraloría General del Estado y el Servicio Nacional de Contratación Pública, además de contar con el acompañamiento de una veeduría ciudadana.
Según la resolución, aprobada por iniciativa del asambleísta de Pachakutik Rafael Lucero las autoridades del Seguro Social deben procurar la inmediata restitución del personal de salud contratado para atender los casos de Covid-19 y acogido al proceso dispuesto por la Ley de Apoyo Humanitario, a fin de permitir el normal funcionamiento de los centros de salud.
Entre otros temas, el texto también pide al IESS el pago inmediato de los valores adeudados a diferentes centros médicos y establecimientos de salud como Solca, dedicado a pacientes oncológicos, donde la cifra supera los 100 millones de dólares.
En ese caso específico, trascendió que el compromiso monetario estará cubierto para finales de mayo venidero, tras un acuerdo suscrito entre las partes y a partir de 140 millones destinados al Seguro Social por concepto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados también sostiene que hasta enero de este año el Seguro Social le debe 223 millones de dólares, el monto más elevado desde 2009.
De acuerdo con reportes de prensa, la deuda del IESS tiene con sus prestadores externos de servicios sobrepasa los 400 millones de dólares, sobre todo porque el año pasado aumentó el gasto de la entidad por la atención de sus afiliados en hospitales, clínicas y centros médicos privados o en fundaciones.
Por su parte, el Instituto afirma que la mora responde fundamentalmente a la necesidad de justificar cada una de las facturas entregadas por los prestadores externos, algunas de ellas con irregularidades como una mayor cantidad de asistencias y atenciones.
Igualmente se ha detectado a funcionarios que les ofrecían a esos entes acelerar el proceso de pago de la deuda a cambio de una comisión.
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