La cita adoptó una resolución, en la cual se apuntó que las violaciones en grupo, secuestros, abusos físicos y mentales, torturas de diversos tipos, amenazas de muerte y violaciones, incluyendo a niñas, no son incidentes aislados y forman parte de un problema sistémico mayor.
Un informe de la Fundación Thompson Reuters clasificó a la India como el país más peligroso para las mujeres en cuanto a tráfico de personas, incluyendo esclavitud sexual y servidumbre doméstica, y por prácticas como el matrimonio forzado, lapidación e infanticidio femenino.
Datos publicados por la Comisión Nacional de la Mujer muestran que la violencia en los primeros ocho meses de 2021 contra las féminas aumentó 46 por ciento con respecto a 2020 y cerca del 35 por ciento de los casos estaban relacionados con los maridos y familiares.
La Oficina Nacional de Registros de Crímenes informó que el país reportó una media de 87 casos de violación diarios en 2019.
Un total de 405 mil 861 casos de delitos contra las mujeres fueron notificados ese año, según datos del gobierno publicados en 2020.
De acuerdo con las estadísticas, una mujer es violada cada 16 minutos en la India.
En tanto, la negación del derecho de las mujeres a decidir por sí mismas, la creciente arrogancia de las castas y la política de odio hacia las minorías provocan un aumento de los asesinatos en nombre del «honor».
El acoso y las muertes relacionadas con la dote también son males de la sociedad, agregó.
Tampoco se garantiza adecuadamente la condena de los acusados en los delitos contra las mujeres, que sólo ocurre en un 25 por ciento.
Grupos de mujeres piden se reconozca la violación conyugal como delito en el sistema de justicia indio y la campaña «Me Too» puso de manifiesto los abusos sexuales y los traumas que sufren varias mujeres en el ámbito de los medios de comunicación.
El PCI(M) aborreció en el documento el uso de las redes sociales para desacreditar a las mujeres denunciantes y amedrentarlas para que guarden silencio y afirmó que el gobierno tiene el deber de proporcionarles protección y asistencia jurídica.
Por otro lado, varios informes apuntan a un aumento de la trata de personas, especialmente de niñas, desde la aparición de la pandemia.
El XXIII Congreso del PCI(M) exigió una intervención más rápida, decidida y eficaz, movilizando a un mayor número de personas de ambos sexos contra la injusticia y la violencia y por la igualdad de las mujeres.
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