La decisión de admitir la conformación del equipo evaluador la tomaron los miembros de la mesa, con cuatro votos a favor, una abstención y dos ausencias (Llori, de Pachakutik, y la vocal Nathalie Arias, de CREO).
Más de cuatro horas tomó el debate y la resolución del CAL, a partir de una denuncia realizada por Esteban Torres, representante de la bancada del Partido Social Cristiano por supuesto incumplimiento de funciones.
La acusación se basa expresamente en que Llori no dio paso a la apelación de la presidencia en la sesión 766 del Pleno, el 24 febrero último y por no reinstalar esa ni la 759 en los plazos establecidos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Por su parte, la presidenta del máximo órgano legislativo intentó nuevamente impedir el análisis de la denuncia en su contra en el CAL mediante el envío de un documento en el cual señaló que el Consejo no podía calificar la acusación por inconsistencias en las formalidades.
Cuatro días antes, el pasado 8 de abril, Llori denunció presuntas pretensiones desestabilizadoras y presentó una acción penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de cinco integrantes del CAL por los supuestos delitos de arrogación y usurpación de funciones.
El recurso contra el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Independiente), la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní y Johana Moreira (Izquierda Democrática) y los vocales Darwin Pereira (Pachacutik) y Ronny Aleaga (UNES) fue interpuesto dos días después de la sesión del Consejo en la que su presidencia fue apelada, con cinco de los posibles siete votos.
A partir del fallo del Consejo, el pleno tiene cinco días para dar trámite a la denuncia.
La gestión de Llori ha sido muy criticada por varias bancadas legislativas e incluso por algunos de sus correligionarios, quienes están en desacuerdo con algunas de sus decisiones y la suspensión de algunas sesiones.
Por su parte, el dignatario de la república, Guillermo Lasso, se deslindó de los problemas en el interior del Parlamento
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