En su calidad de presidente temporal de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Hun realizó una videollamada al máximo general Min Aung Hlaing para que el jefe de la junta demuestre su compromiso con un proceso de paz regional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cambodia informó en un comunicado que el mandatario «volvió a enfatizar la importancia del acceso para crear un ambiente propicio para iniciar un diálogo político inclusivo».
Según la fuente, Hlaing en respuesta «se comprometió a facilitar reuniones con otras partes interesadas», y añadió que las autoridades de Myanmar estaban contribuyendo a la distribución de ayuda humanitaria.
El llamado de Hun sigue a un viaje a Myanmar en marzo del enviado de la Asean, su ministro de Relaciones Exteriores, Prak Sokhonn, en el cual no se reunió con varias partes en el conflicto.
Prak dijo que buscó acceso a la líder del derrocado partido Liga Nacional para la Democracia, pero se lo negaron.
El «consenso» de paz de cinco puntos del bloque, respaldado por las Naciones Unidas, sigue siendo la única iniciativa diplomática formal en juego, pero los líderes regionales están frustrados por lo que ven como obstrucciones por parte de la junta.
La Asean ha prohibido a los generales de Myanmar asistir a sus reuniones clave, incluida una próxima cumbre en los Estados Unidos, hasta que su ejército ponga fin a las hostilidades, permita el diálogo y el acceso humanitario.
La junta ha dicho que está comprometida con el acuerdo, pero alega que tiene el deber de garantizar la seguridad.
Suu Kyi fue a juicio este lunes en un nuevo caso de corrupción en su contra, alegando que recibió 550 mil dólares estadounidenses en sobornos de un magnate de la construcción.
Está acusada de dos cargos en virtud de la Ley Anticorrupción del país, cada uno de los cuales se castiga con hasta 15 años de prisión y una multa.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991 ha estado detenida desde que el ejército derrocó a su gobierno electo en febrero de 2021 y no se la ha visto ni se le ha permitido hablar en público desde entonces.
Está siendo juzgada en sesiones a puerta cerrada y sus abogados no pueden hablar públicamente en su nombre o sobre su juicio debido a que se les impuso una orden de silencio.
Hasta ahora ya fue sentenciada a 11 años de prisión luego de ser declarada culpable de importar y poseer ilegalmente walkie-talkies, violar las restricciones del coronavirus, sedición y otro cargo de corrupción.
Sus partidarios y grupos de derechos humanos han dicho que los casos en su contra son un intento de desacreditarla y legitimar la toma del poder por parte de los militares, eliminando la posibilidad de que participe en una posible elección de 2023.
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