Fuentes cercanas al asunto indicaron que junto a ella condenaron a otros tres exministros y el economista australiano Sean Turnell, acusado por tener acceso a información financiera secreta cuando era asesor de Suu Kyi.
El gobierno australiano rechazó la condena de Turnell y exigió su liberación inmediata.
Las condenas se sustentan en el marco de la legislación, que criminaliza la posesión o difusión de información estatal que «pueda ser utilizada directa o indirectamente por un enemigo», según informaciones del diario The Irrawaddy.
En el caso de Suu Kyi, ya fue condenada en enero a cuatro años de cárcel por la supuesta posesión de walkie-talkies importados de forma ilegal, una sentencia que se sumaba a los dos años de prisión impuestos previamente contra ella por violar las restricciones impuestas a causa de la pandemia durante su campaña electoral en 2020.
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