La parte del texto rechazada por el mandatario autorizaba a Petróleos Paraquayos (Petropar) a ignorar las normativas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), añade el periódico ABC Color.
Por su parte, el segmento que prevalece de la iniciativa legal faculta a los proveedores internacionales de la petrolera estatal a vender sin declaraciones juradas, lo que permite a esa entidad comprar de manera directa para evitar los intermediarios.
La propuesta de ley, aprobada a mediados de abril, regresará ahora al Congreso Nacional para que los parlamentarios reevalúen los aspectos cuestionados por el Ejecutivo.
Algunos críticos del proyecto de ley denunciaron ciertos “cambios” en el texto, al pasar por varias sesiones de ambas instancias, suspensiones por falta de quórum y discrepancias, de camino a su aprobación en el Congreso, señala ABC Color.
Según el diario, el detractor principal fue el titular de la DNCP, Pablo Seitz, quien detectó que el proyecto inicial privaba a Petropar de declaraciones juradas, pero después “apareció” la exoneración de las Contrataciones Públicas.
La publicación inicial del proyecto de ley recibió el apoyo de choferes en paro, sindicalistas y gran parte de la población, que esperaban mejores precios del combustible con la eliminación de los intermediarios.
Medios locales reseñan desde hace tres meses el controvertido proceso de debates dentro del Gobierno y del Legislativo, que comenzó el 26 de febrero con la decisión oficial de subir las tarifas de los carburantes.
Los debates se hicieron públicos con el comienzo el 14 de marzo de las actuales protestas de los transportistas contra los elevados precios, mediante cierres y bloqueos en las principales calles, avenidas y autopistas del país.
El gobierno y el Congreso emitieron y descartaron varias propuestas ante la crisis, entre ellas una ley promulgada por el Presidente el 25 de marzo y una propuesta de subsidio de 100 millones de dólares, que despertaron entusiasmo inicial.
mem/apb
