La acción se lleva a cabo en esta capital, con la participación de 15 docentes y de manera simultánea en la urbe portuaria de Guayaquil, con la misma cantidad de personas. En el caso de Quito, los huelguistas instalaron carpas y colchones ante la sede nacional de la Corte Constitucional (CC), en el centro-norte capitalino, en espera de un pronunciamiento de esa instancia sobre el veto total presidencial a la LOEI, que establece, entre otros puntos, el aumento salarial al personal dedicado a la enseñanza.
Según advirtió Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), previo a esta acción de hecho, la organización entregó propuestas y fue parte de diálogos con varias comisiones de la Asamblea Nacional para las reformas a la normativa, en correspondencia con una resolución anterior de la CC.
Pese a la aprobación de la regulación en el legislativo, el presidente de la república, Guillermo Lasso, anunció el pasado 13 de abril, Día del Maestro de Ecuador, el veto a la LOEI, por considerar inconstitucionalidad en el texto.
Ante la falta de respuesta del ejecutivo a los pedidos de los maestros de aplicar la Ley, comenzó la huelga de hambre, que de acuerdo con Vargas podrá aumentar los participantes en las próximas horas.
La protesta permanecerá mientras la Corte no emita un fallo apegado a las normas y de forma independiente, alertó.
Al respecto, añadió que la pelea no es nueva, pues data de 2016, cuando por resolución hubo una recalificación de pagos en el sector público, excepto en el área del magisterio.
«Aquí vamos a estar hasta que la Corte se pronuncie en este articulado que está pendiente de ser subsanado y del que la Asamblea Nacional ha emitido un informe que es respaldado por el magisterio y, por lo tanto, exigimos que el organismo actúe con independencia», enfatizó.
Por su parte, en Guayaquil, la huelga se leva a cabo en la Plaza San Francisco y en la misma participan además de educadores, un estudiante, dos madres y un padre de familia.
La UNE desarrolló una acción similar en las afueras de la Asamblea Nacional, en agosto de 2021, la cual duró 32 días e involucró a 89 docentes, quienes entonces pedían la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, posteriormente avalada por el pleno del Parlamento.
Mientras el legislativo indica que los fondos para la equiparación salarial provendrían del excedente en la venta del petróleo y de la actual recaudación tributaria, el gobierno insiste en no contar con los recursos necesarios.
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