La acción la llevaron a cabo docentes que pertenecen a la Unión Nacional de Educadores, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado en la Plataforma Financiera Gubernamental del norte de Quito.
«Exigimos que a las instituciones educativas se entregue el presupuesto para el mantenimiento. Estamos también en el onceavo día de huelga de hambre exigiendo a la Corte Constitucional que actúe con independencia, apegado al derecho y con la justeza del caso», aseguró la presidenta de la UNE, Isabel Vargas.
Al respecto, agregó que es necesario garantizar las condiciones laborales del magisterio, por parte del gobierno, pues esas también conducen a la mejora de la calidad de la docencia.
«Denunciamos públicamente que las medidas neoliberales del presidente, Guillermo Lasso, que este año le recortó más de 900 millones de dólares a la educación, hoy ha cobrado otra víctima, un estudiante que murió electrocutado por falta de atención y mantenimiento en su institución escolar», enfatizó.
En ese sentido, responsabilizó al gobierno nacional por la salud y la vida de los estudiantes, de los maestros, la comunidad educativa en general y el pueblo ecuatoriano.
La medida se adoptó mientras una treintena de profesores, representantes de organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres y padres de alumnos cumplen 11 días de huelga de hambre, en espera del fallo de la Corte Constitucional sobre las reformas a la LOEI.
El cuerpo legal, que comprende un alza salarial entre otros beneficios, fue aprobado por la Asamblea Nacional (parlamento) el pasado mes de marzo y vetado en su totalidad por el mandatario en abril último.
De un lado, el ejecutivo considera que no fue consultado el Ministerio de Economía para definir el alza, mientras el legislativo indica como fuentes de financiamiento el excedente en la venta de petróleo y la recaudación tributaria.
Al respecto, la UNE afirmó que solo de enero a abril pasado el Servicio de Rentas Internas recopiló seis mil 653 millones de dólares.
En ese sentido, recalcan que sí hay dinero, sin embargo falta la voluntad política de atender las necesidades de la educación.
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