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Durante la quinta sesión extraordinaria de la actual legislatura, los diputados expresaron su respaldo al cuerpo legal, que regula los mecanismos y procesos para el resguardo de estos valores en sus diferentes categorías, así como los derechos, responsabilidades, obligaciones y prohibiciones para las personas naturales y jurídicas en relación con el tema.
Establece también los derechos de propiedad y la transmisión de dominio de los bienes de patrimonio cultural, además de la importación y la exportación de estos, estén inscritos o no en el Registro Central de Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.
Otros asuntos que precisa son los sujetos de la gestión patrimonial y sus funciones generales afines a la protección, asimismo, el funcionamiento ordenado, racional y orgánico de los museos.
Defender nuestro patrimonio es una forma de expresar nuestro orgullo de ser cubanos, dijo el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, al hacer la presentación del texto a los legisladores.
Alonso destacó el proceso de debate previo al momento de análisis en el Parlamento, durante el cual se emitieron más de mil 500 opiniones y sugerencias y fueron modificados 123 artículos, para un 62 por ciento del total del documento.
Asimismo, significó la importancia de la norma en un contexto de lucha cultural e ideológica, donde la defensa de la memoria histórica y la protección de monumentos, sitios históricos y tradiciones populares constituye una contribución significativa a la construcción del proyecto de sociedad socialista del país.
La diputada Marta Mesa, presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al dar lectura al dictamen conjunto con la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, resaltó que la ley refuerza la soberanía.
En este sentido señaló que el cuerpo legal eleva a rango de ley elementos importantes de la cubanía, la identidad nacional y valores esenciales para la formación de las nuevas generaciones, además de fortalecer la necesidad de proteger el patrimonio de las comunidades por su valor local.
La nueva legislación, que actualiza el ordenamiento jurídico en esta materia conforme a las necesidades del momento y los instrumentos internacionales, es aplicable a las actividades vinculadas a la protección del patrimonio desarrolladas por las personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras, dentro del territorio nacional.
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