En un comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), al que tuvo acceso Prensa Latina, se precisa que es la segunda ocasión en 15 días en que el mandatario recibe esta solicitud de veto, sin una respuesta.
La Cciap solicitó además la conformación inmediata de una Comisión Técnica que el 1 de julio próximo, cuando comiencen las sesiones de la próxima legislatura en la Asamblea Nacional (Parlamento), presente un proyecto consensuado con los diferentes actores impactados y donde primen los intereses del país.
La actual iniciativa permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100 por ciento por las sumas invertidas.
El gremio precisó que la polémica legislación genera desconfianza por su falta de proporcionalidad, fiscalización y transparencia, al tiempo que alertó como probable que el país termine financiando proyectos turísticos que no tendrían el impacto que se promete.
La disposición otorga el beneficio a un pequeño pero poderoso grupo de desarrolladores turísticos, entre ellos las familias Eleta, Bern y Alemán, con valores registrados por 232 millones, 155 millones y 71 millones de dólares, respectivamente, según la Cciap.
La entidad indicó que debe existir una proporcionalidad respecto al porcentaje de exoneración fiscal que recibe un inversionista para que esté ligada a la dimensión y la escala del proyecto, en atención al Plan Maestro de Turismo Sostenible 2030 y la capacidad de absorción e impacto que pueda tener el proyecto y el destino.
También instaron a establecer mecanismos previos y posteriores que protejan al Estado, como estudios de factibilidad y viabilidad, repercusión en las finanzas públicas, impacto social, económico, y certificaciones o auditorías.
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