Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal de Prensa Latina en Panamá
Algunos expertos aseveran que la acusación por aceptar millonarios montos de coimas de la empresa constructora brasileña Odebrecht, responde a una investigación evidenciada haca seis años, pero en su momento la justicia panameña secuestrada por el Ejecutivo y el Legislativo, fue incapaz de asumir.
El 20 de mayo, el juez Raymond Dearie, de Nueva York, dictó 36 meses de prisión para los hermanos Ricardo Alberto (42 años) y Luis Enrique (39 años), acusados de blanqueo de capitales, un delito que según ellos declararon, practicaron obligados por el padre para hacer las ilegales trasferencias a sus nombres en bancos estadounidenses y europeos.
En la audiencia, la defensa se encargó de enfatizar que las órdenes procedían directamente del exgobernante, pero la pregunta ahora es ¿qué pasará en Panamá?
EL HILO DEL PROCESO
Para el abogado Francisco Carreira, la investigación debió iniciarse en 2016 cuando se dieron las declaraciones de culpabilidad por la empresa y se mencionó el entramado que hubo en el país canalero.
Recordó en declaraciones a la prensa, que en el caso no solo hay políticos involucrados, sino también banqueros y juristas, y eso demuestra la crisis dentro del poder judicial panameño.
Al respecto, alertó que en Estados Unidos existe una imputación para 12 personas, incluidos los hermanos Martinelli Linares, por lo cual aún queda por revelarse el nombre de 10 ciudadanos, cuando sean apresados.
Comentó que el exmandatario multimillonario no es parte de ningún proceso, ni de la sentencia siquiera, lo cual indica lo que el país debió investigar, pero son otros quienes señalan cómo proceder.
No obstante consideró importante al menos el decomiso de fondos, y adelantó que Panamá debería reclamar el dinero generado en coima y hacerse parte del proceso, pero no lo ha hecho.
Existe -reflexionó el letrado- una gran crisis en el sistema judicial, al parecer dirigida más a proteger personas que a buscar quiénes lucraron. Para Carreira, la intención parece ser esperar que el caso Odebrecht prescriba, dándole impunidad a una gran cantidad de personas, quienes deberían ser acusadas.
OTROS GOBIERNOS
El caso Odebrecht, precisaron otros investigadores, involucra al menos a tres gobiernos en Panamá: además de Martinelli, a su sucesor Juan Carlos Varela (2014-2019) y al actual de Laurentino Cortizo (2019-2024).
El abogado Abel Arcia explicó al programa Radar del canal de noticias TVN, que una de las cosas que más le llamaron la atención del juicio es la forma en la cual operaba la constructora, en alusión al esquema de donaciones a “campañas políticas” -en plural- que luego la empresa capitalizaba adjudicándose megaobras públicas con sobreprecios.
La fiscalía norteamericana, agregó, dijo que Odebrecht pagó de forma corrupta a “mucha gente”. ¿Quién tiene entonces las manos limpias en Panamá? ¿Quién va a cerrar la puerta de la jaula?, se preguntó el especialista y sentenció que la mayor víctima en toda esta trama es el pueblo, al cual le toca pagar la deuda de los sobrecostos.
SEGUIR EL CASO EN PANAMÁ
A juicio del analista Rodrigo Noriega, el Estado panameño debería abrir otro caso por los fondos no conocidos y contratar abogados que defiendan los intereses del país istmeño en otras naciones como Estados Unidos, España, Suiza y hasta el Principado de Andorra, y de esa manera recuperar los montos.
“Esta es la sentencia más alta a todos los acusados confesos en el caso Odebrecht y en Panamá ni siquiera empezó la audiencia preliminar. Es una vergüenza para el país”, expresó.
Mientras, Carlos Barsallo, abogado y presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, también consideró que esta condena dictada en Estados Unidos y los detalles hechos públicos, “deberían tener una incidencia en el caso seguido en Panamá”.
Los Martinelli Linares pasarán 13 meses en una cárcel de Estados Unidos para completar la condena de 36 impuesta a cada uno. Después de eso deberán estar dos años bajo libertad vigilada.
En tanto, la población panameña apenas verá a los acusados pasar por las audiencias en el próximo junio, luego de varias fechas reprogramadas, seis años después de que estallara el escándalo y cuatro años luego del acuerdo al cual llegó la Fiscalía de Panamá con la empresa brasileña.
Como afirmara el abogado Luis Guerra en su más reciente artículo “Acuerdo oculto, aún no develado”, publicado en El Periódico de Panamá, este contexto cómplice presta ayuda al autor o autores de un hecho punible, con conciencia de que actúa para otro, de que colabora para un delito ajeno.
La sentencia, a su entender, abre otros capítulos para los participantes; lo importante es que los sistemas de justicia deben enviar un mensaje de funcionalidad, eficiencia y pertinencia.
arb/ga
