Luego de haber anunciado un viaje privado en una carta a su hijo, el rey Felipe VI, hace varios meses y bajo el supuesto del perfil bajo, el otrora monarca se dio el gusto de exhibirse, participar en eventos públicos y prácticamente preparar el terreno para un regreso definitivo a España.
El Gobierno, a través de su ministra portavoz, Isabel Rodríguez, fue tajante al subrayar que perdió la oportunidad de dar explicaciones sobre actos de corrupción de los que se le acusa y remitieron al ostentar en su momento la inmunidad de jefe de Estado.
Izquierda Unida (IU) emitió un duro comunicado al respecto, que se alinea con posturas similares de Podemos, dos socios del actual Gobierno que encabeza el socialista Pedro Sánchez.
IU consideró que el viaje lúdico de Juan Carlos de Borbón, para asistir a una actividad deportiva, debería abrir de una vez el debate sobre la necesaria e ineludible rendición de cuentas y explicaciones exhaustivas del anterior jefe del Estado, así como el alcance de la inviolabilidad y la no exigencia de responsabilidades que la Constitución otorga al rey.
“La ciudadanía ha podido conocer las corruptelas protagonizadas por el ex jefe del Estado antes y después del ejercicio de su cargo.
Que Juan Carlos de Borbón no haya sido procesado para responder ante la justicia de las actuaciones supuestamente delictivas que se le atribuían, publicadas además con profusión de detalles, no se ha debido a su inexistencia, como falsamente nos quieren hacer creer”, puntualizó.
Tal y como reconoce la propia Fiscalía, esto ha sido posible por la prescripción de varios de estos delitos -en algunos casos debido a una falta de diligencia judicial poco entendible-, y en el resto gracias precisamente a esa inviolabilidad de la que disfruta por la interpretación que las instancias judiciales de nuestro país hacen de las actuales normas legales, añadió.
Izquierda Unida subrayó que el emérito salió de España desde agosto de 2020 hasta hoy, tras conocerse la existencia de dinero de dudosa procedencia en cuentas en el extranjero y la posibilidad de que la justicia pudiera reclamarle algún tipo de responsabilidad, tanto dentro como fuera de fronteras. “La Monarquía evidencia cada vez con mayor claridad que es una institución anacrónica y antidemocrática, al margen de que hay múltiples episodios históricos de sobra conocidos que han llevado a que la corrupción forme parte de su ADN”, sentenció la agrupación.
El debate continúa y el asunto coloca en una posición muy incómoda al actual soberano, Felipe VI.
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