La normativa ya fue evaluada por la Comisión de Seguridad y Uso de Suelo y pasó a segundo debate en el Concejo Metropolitano, donde más del 80 por ciento de delitos en áreas libres se cometen con ese tipo de armas.
Según coincidieron varios concejales, regular el uso de esas herramientas es un pedido no solo de la ciudadanía, sino también de la Policía.
Las sanciones en estudio incluyen detención del portador y una penalidad equivalente a un salario básico unificado (425 dólares).
En el marco del plan para frenar la inseguridad en el distrito metropolitano, los directivos de la ciudad también decidieron incorporar 280 nuevos agentes del orden y reactivar 20 Unidades de Policía Comunitaria.
Al respecto, el alcalde Santiago Guarderas adelantó que las medidas aplicadas forman parte de un plan para hacer frente a la inseguridad y la delincuencia organizada, males presentes no solo en la capital, sino en todo el país.
En ese contexto, los concejales evalúan además nuevas reglas para quienes viajan en moto y sanciones severas a ciudadanos dedicados al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en las áreas de responsabilidad del municipio.
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