La decisión se tomó en sesión plenaria a solicitud del Ministerio de Gobernación de la nación centroamericana y fue aprobada por 75 legisladores, señala un artículo publicado en la página web del Legislativo.
De acuerdo con los parlamentarios, la mayoría de estas organizaciones no contaban con juntas directivas actualizadas, ni presentaban informes financieros, tal como establecen las normativas nicaragüenses.
Según la exposición de motivos leída por los legisladores, dichas asociaciones tampoco reportaban el origen de los fondos recibidos del exterior.
Además, se negaron a inscribirse como agentes extranjeros al recibir fondos del exterior, así como a presentar sus informes financieros, al tiempo que violentaron la Ley 977 contra el lavado de activo y financiamiento al terrorismo, subraya el parlamento nicaragüense.
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