Tras el golpe militar que puso fin a su aspiración de cumplir el tercer mandato, Condé recibió tratamiento médico en Emiratos Árabes Unidos, adonde la junta le autorizó viajar y de donde regresó a Conakry, la capital guineana, para reunirse con la familia, pese a ser investigado en términos legales.
Abogados del Frente Nacional por la Defensa de la Constitución (FNDC) presentaron una denuncia por delitos y abusos presuntamente cometidos por la administración anterior y rechazaron un anuncio de liberar al exgobernante como informó el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), la junta militar.
Al profesor universitario de 84 años de edad le derrocaron soldados amotinados que actuaron en consonancia con el rechazo de grupos políticos a su tercer mandato, para lo cual los críticos alegaron que forzó la Carta Magna, pero que sus partidarios avalaron la acción como medida necesaria para fortalecer al Estado.
En 2010 Condé resultó el primer presidente electo democráticamente en Guinea, país con una amplia historia de asonadas militares desde su independencia en 1958.
Sin embargo, la crisis desatada por su ascenso a un nuevo periodo de gobierno indujo a su derrocamiento mediante un motín comandado por el coronel Mamady Doumbouya, ahora enfrentado a protestas callejeras cuyos manifestantes afirman que su junta mantiene una “actitud dictatorial».
Los actuales gobernantes de Guinea rechazaron un llamado de la ONU para permitir protestas políticas e insistieron en que deberían permitirlas en el período electoral dentro de tres años, como propusieron para el proceso de transición, cuyo desarrollo ahora es dudoso.
El expresidente deberá permanecer en el país en espera de un juicio por cargos de asesinatos, torturas y secuestros, y en el cual se presume se procese a 26 subordinados, con quienes el gobernante se desempeñó del 2010 al 2021, según el fiscal general del Tribunal de Apelación, Alphonse Charles Wright.
En el grupo de los acusados se hallan un expresidente del Tribunal Constitucional, otro del Parlamento, un antiguo jefe del gabinete y varios exministros, diputados y funcionarios de los servicios de seguridad, pero aún se desconocen fechas relativas a ese evento judicial.
A los antiguos participantes en el poder se les acusa de delitos por agresiones intencionadas y sexuales, otras transgresiones a la moral y actos de pillaje, varios de los cuales corresponden a figuras de violaciones de los derechos humanos, según expertos en asuntos jurídicos.
Por otra parte, Guinea rechazó un llamado de la ONU para levantar la prohibición de las manifestaciones políticas, tras precisar que no debían realizarse hasta que existieran condiciones, a fin de no correr riesgos con una escalada de rechazo popular que desemboque en la violencia.
«No se autorizará ninguna marcha mientras no se pueda garantizar el orden público» en tales eventos, precisó un comunicado de la junta leído en la televisión estatal, y recordó que cientos de personas murieron en protestas que estallaron durante la era Condé.
La autoridad militar afirmó que creó órganos donde «las contradicciones y los malentendidos se pueden debatir con bastante serenidad», lo cual supone una discusión pública en un ámbito abierto y seguro, así como la reducción del uso de la fuerza por las dos partes.
No obstante, el FNDC, que antes encabezó las protestas contra Condé, llamó a «movilizarse por la inminente reanudación de las manifestaciones pacíficas y civiles… para evitar la confiscación del poder y exigir un rápido retorno al orden público», indicaron medios de prensa.
La tensión persiste en la República de Guinea, donde la junta castrense propone un período de transición de tres años.
Con ello, el gobierno guineano enfrenta a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao), que suspendió su membrecía después del golpe y en marzo le advirtió con imponer sanciones económicas y financieras.
El bloque comunitario vota por emplear menos tiempo en el proceso de trasformación política que suceda a la administración de Alpha Condé, cuya significativa porción de dirigentes está virtualmente ahora sentada en el banquillo de los acusados.
Según observadores, lo que ocurra con ellos –incluido el expresidente- señalará hacia dónde va el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) -la junta-, así como expondrá si desea reorientar al país y la forma de hacerlo.
Lo que determinen los militares, tanto en el aspecto judicial como en el reajuste gubernamental podrá contradecir las consideraciones de la Cedeao, y ahí es cuando entrará en juego la cuestión de la soberanía guineana.
mv/to/mt
