El excanciller y analista política, Jorge Ritter, dijo al canal de noticias TVN que, según las nuevas reglas, a los llamados independientes les han recortado drásticamente el tiempo de inscripción y encarecido la necesaria recolección de firmas para avalar su candidatura.
Las reformas crearon un período de postulación que comenzó el 1 de junio y vence el próximo 31 de julio (dos meses), cuando anteriormente, el trámite podía hacerse un año antes de la convocatoria al proceso electoral y hasta el 31 de diciembre del año anterior a los comicios generales, señaló.
En la etapa de más baja credibilidad y confianza en el Tribunal Electoral, indicó Ritter, estas reformas subrayan la evidente complicidad del Gobierno y los partidos tradicionales contra los independientes.
Es una aberración institucionalizada, comentó, a dos años de las presidenciales, someter a los de libre postulación a ese reto de dos meses, y luego además recoger firmas en un ambiente todavía lejano de la consulta.
Panamá se prepara para su octava elección general después del restablecimiento de la democracia en 1989.
En ese contexto, las candidaturas por la libre postulación se han convertido en una oportunidad para quienes aspiren a un cargo político sin la mediación de los partidos tradicionales, alguno de los cuales experimentan descrédito por escándalos de corrupción y malas administraciones gubernamentales.
De acuerdo con estadísticas, de los 2,7 millones de personas habilitados para votar en el 209, 1,1 millón no está afiliado a ninguna organización política. Los también denominados independientes son un segmento del electorado que puede inclinarse hacia uno u otro candidato.
Para el analista Jose Stoute, la participación de las candidaturas de libre postulación podría ser un hecho inédito por su masividad, aunque esa figura enfrentan reformas discriminatorias.
“Tómese en cuenta que solo la agrupación, Vamos Panamá es posible que candidatice a diversos puestos de elección a más de 300 ciudadanos, aunque otra cosa muy distinta es su posibilidad de éxito”, subrayó en declaraciones al diario La Estrella de Panamá.
Agregó que este periodo de postulación es precipitado porque estaría el ciudadano que pretende ser candidato mucho tiempo buscando firmas, y solo tres podrán calificar para el cargo indicado.
De otra parte, subrayó que si antes para recoger las firmas se daba un periodo de un año, ahora el inicio del proceso para los precandidatos a presidente y para las circunscripciones de más de 10 mil electores empieza el 15 de agosto de 2022, y concluye el 31 de julio de 2023, es decir, menos de un año.
En ese periodo deben recogerse rúbricas correspondientes al dos por ciento de los votos válidos (un millón 964 mil 746) emitidos en la última elección (2019). Antes era apenas el 1,0 por ciento, según el estudioso.
Las reformas también introdujeron cambios en relación con la distribución del financiamiento público preelectoral. Mientras lo independientes contarán con un siete por ciento, los partidos dispondrán del 93 por ciento.
En ese sentido, los analistas responsabilizan a la Asamblea Nacional(parlamento) de las “escandalosas desigualdades”, por ser los competentes para reformar el Código Electoral.
Para el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, el asunto es más claro: las reformas y reglas del proceso electoral en el istmo no son otra cosa que la antesala de un fraude seguro y la burla a la voluntad popular.
El 5 de mayo de 2024, los panameños decidirán en las urnas por las principales autoridades del país: presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 71 diputados a la Asamblea Nacional(Parlamento).
También 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con su respectivo suplente, que ejercerán en el periodo constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
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