El encuentro está fijado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, tras una convocatoria realizada por el mandatario el pasado 31 de mayo.
Según adelantó el presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), Franklin Galarza, la cita será espacio para presentar algunas propuestas al jefe de Estado que permitan combatir de manera efectiva la criminalidad.
Entre las sugerencias consta que cada alcalde debe crear el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, establecer mesas técnicas funcionales y determinar los roles y funciones de cada actor.
Asimismo, considera necesario mantener la coordinación con la fuerza pública y la implementación de políticas acorde a la realidad local como camino para alcanzar la seguridad ciudadana.
«Los municipios no estamos preparados, no tenemos el personal especializado, pero a través de una aplicación adecuada del uso y gestión del suelo, estaremos contribuyendo de manera significativa», estimó.
De su lado, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, confirmada como una de las ciudades con mayores índices de violencia, advirtió que exigirá un plan de seguridad y acciones a nivel nacional.
Al intercambio también están invitados prefectos y gobernadores, además de autoridades como los ministros Francisco Jiménez (Gobierno), Patricio Carrillo (Interior) y Luis Lara (Defensa), quienes son parte de la mesa de seguridad.
También estarán Fausto Salinas, comandante general de la Policía, Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica, y Pablo Ramírez, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.
La inseguridad aumentó en esta nación andina en el último año con al menos dos masacres carcelarias y un incremento en la delincuencia, especialmente asaltos, robos y asesinatos al estilo sicariato, que mantienen alarmada y temerosa a la población.
Por su parte, el gobierno aplicó medidas para frenar la criminalidad pero sin obtener los resultados esperados, pese a regulaciones como estado de excepción decretado en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas.
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