En un comunicado divulgado este martes por su despacho antes de reunirse con su gabinete, el gobernante conservador afirmó estar “al lado de los británicos trabajadores”, y que seguirá con su tarea de sacar al país de la crisis del costo de la vida.
Prometimos aportar 37 mil millones de libras esterlinas (46 mil millones de dólares) para ayudar a los hogares, hacer más seguras las comunidades con la contratación de otros 13 mil 500 policías, y eliminar los atrasos en la atención médica con la apertura de 100 centros de diagnósticos, resaltó Johnson.
El discurso triunfalista del primer ministro contrasta, sin embargo, con el mal sabor de boca que dejó entre sus más fervientes seguidores el estrecho margen de la victoria lograda la víspera en la votación de una moción censura promovida por un grupo amplio de diputados conservadores.
En opinión de analistas, el hecho de que 148 (41 por ciento) de los 359 miembros de la bancada parlamentaria conservadora votaron por la destitución de Johnson debe ser motivo de preocupación para la cúpula partidista.
Para poder pasar la página (del partygate), el primer ministro necesitaba un apoyo mucho mayor, aseguró la editora política de la cadena Sky News, Beth Rigby, quien cree que, a pesar de superar el voto de desconfianza, la permanencia de Johnson en el poder no está garantizada.
Según las reglas partidistas, tras la victoria de la víspera, el gobernante no puede volver a ser impugnado por sus propios correligionarios en al menos un año, pero algunos creen que, de aumentar el descontento dentro de la bancada, esas normas podrían cambiar.
Otros, como el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, recordaron que ninguno de los primeros ministros conservadores que sobrevivieron a una moción de censura en el pasado – Theresa May fue el caso más reciente – logró mantenerse en el cargo por mucho tiempo. Johnson, quien fue multado por la policía por violar las normas antiCovid-19, y declarado responsable máximo de las fiestas ilegales celebradas en su despacho en momentos en que el país estaba bajo un confinamiento estricto, también enfrenta una investigación parlamentaria.
La pesquisa a cargo del comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes busca determinar si el primer ministro mintió de forma deliberada a los diputados cuando les aseguró que los eventos sociales con tragos de por medio en su despacho eran reuniones de trabajo, y que no tenía constancia de que se violaron las medidas sanitarias impuestas por su propio gobierno.
De ser hallado culpable, sería entonces el Parlamento en pleno, y no solo los 148 diputados conservadores que le retiraron la confianza la víspera, el que exigiría la renuncia de Johnson.
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