De acuerdo con el fiscal Alexis Medina, se trata de unos 30 nuevos grupos violentos que podrían estar prestando servicios a grandes estructuras criminales o a bandas locales.
La autoridad precisó que los pandilleros, además de estar cometiendo delitos graves como secuestro, homicidio, robos, hurtos y tráfico de drogas, siguen extorsionando a los residentes de algunas comunidades, casas y apartamentos para obligarlos a salir del lugar y adueñarse de los inmuebles para cometer fechorías.
Desde el año 2015, el MP instruyó juicios a unos 147 pandilleros y desmanteló varios colectivos dedicados a actividades ilícitas en las calles del país centroamericano, pero no es suficiente, opinan analistas.
Según informes oficiales, las provincias y sectores con más casos de ese tipo están en Panamá, Colón, distrito de San Miguelito, La Chorrera, Arraiján, Chiriquí, Coclé y Bocas del Toro.
En mayo último, el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Carlos Valencia, señaló la preocupación existente en torno al auge de las pandillas en la nación canalera.
Para el funcionario, la evolución de estos grupos podría convertirse en corrientes existentes en otros países de Centroamérica, como El Salvador y Honduras.
Las pandillas han aprendido en la cárcel a hacer alianzas para alcanzar objetivos específicos, las grandes absorben a las pequeñas, señaló.
A su juicio, de esa manera las bandas ganan territorio para operar y obtienen más poder a nivel provincial y nacional.
Valencia consideró que las pandillas van escalando, los que eran jóvenes hace 10 o 15 años, ahora están a un nivel intermedio o de cabecillas de la agrupación y se unen en corrientes como las denominadas Calor o Bagdad, agregó.
En 2008, indicó, ya se vislumbraba este panorama, similar al de otros países.
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