Básicamente Sánchez defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados el giro de su administración respecto al Sáhara Occidental y la nueva relación de España con Marruecos, al considerar que ya “está dando resultados positivos” en la normalización de los lazos con Rabat.
Hasta el momento solamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) refrendó la postura del ejecutivo, mientras los otros socios de la coalición de izquierda guardaron distancia y lanzaron críticas.
El Frente Polisario prácticamente dejó en cero sus nexos con el Gobierno español, al tiempo que su gran aliado, Argelia, también enfrió las relaciones con Madrid.
Sánchez tuvo, además, que responder a otras duras críticas opositoras sobre la economía, el aumento del gasto militar o la prórroga del plan anticrisis.
En un momento tenso, expresó que va a seguir en su cargo hasta el final de la legislatura y aspirará a ganar las elecciones generales previstas en 2023.
No perdió oportunidad para ripostar a la presidenta del partido de centroderecha Ciudadanos, Inés Arrimadas, por «no parar de insultar (…) me tacha de no sé qué, si me quiero ir, que no voy a ganar las elecciones», apostilló el gobernante.
De otro lado, en un mensaje indirecto a Marruecos, recalcó que España «no va a tolerar el uso de la inmigración ilegal como arma de presión», para aclarar de esta forma que las maniobras del pasado de Rabat en este sentido no tendrán cabida ahora.
La atención médica –por la Covid-19- del líder del Polisario en territorio español, disgustó a Marruecos el pasado año, de tal forma, que toleró el ingreso sin controles de alrededor de 10 mil migrantes, acentuando una crisis bilateral.
«España no va a tolerar la instrumentalización de la tragedia de la inmigración irregular como arma de presión», enfatizó Sánchez en el Parlamento.
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