La medida quedó instaurada mediante el Decreto Ejecutivo 452, en el cual el mandatario indicó a las gobernaciones del país coordinar acciones con la Policía Nacional a fin de intensificar las operaciones que buscan prevenir procesos especulativos.
La regulación tuvo en cuenta la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, según la cual la especulación es una práctica comercial ilícita, absolutamente prohibida, consistente en el aprovechamiento de una necesidad de mercado para elevar artificialmente los precios.
Asimismo, el decreto se emitió considerando que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con privación de la libertad de uno a tres años a quien no pague el precio oficial mínimo de sustentación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz, leche y otros productos agrícolas o pecuarios, con fines de comercialización a nivel nacional o internacional.
La regulación quedó dispuesta en medio de varias jornadas de protesta popular, iniciadas el pasado lunes 13 de junio por convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), contra medidas gubernamentales de corte neoliberal.
A las manifestaciones se unieron hasta el momento gremios de trabajadores, estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria, colectivos de mujeres y otros sectores sociales.
Bajar y congelar los precios de los combustibles, respeto a los derechos colectivos, eliminar las reducciones al presupuesto en educación y salud, mayor generación de empleo, ayuda a los productores agrícolas y mayor seguridad ciudadana son algunos de los reclamos de los pueblos y nacionalidades, acogidos también por los otros grupos sumados a las movilizaciones.
La Conaie alertó que el paro tiene carácter nacional, territorial e indefinido, hasta que reciban respuestas por parte del ejecutivo.
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