El llamado al encuentro fue parte de una resolución adoptada por mayoría del pleno de la Asamblea Nacional durante un debate relacionado con los estados de excepción decretados por el gobierno en los últimos tres días.
A la mesa de diálogo están convocados representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, del Sistema de Naciones Unidas, Comité Internacional de Cruz Roja, universidades públicas y privadas de Ecuador, representantes de las cámaras de comercio y producción y de otras entidades.
También están invitados organizaciones y gremios de carácter nacional, para contar con diversas propuestas.
El legislativo se reunió la víspera para evaluar el decreto ejecutivo 455, emitido el pasado 17 de junio, que estableció estado de excepción en tres provincias, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi por grave conmoción social ante las protestas protagonizadas por organizaciones diversas contra el alto costo de la vida y la inseguridad.
Según adelantos, el análisis podría llevar a la revocatoria de la ordenanza, pero poco antes de la sesión, el mandatario decidió derogar la normativa mediante un nuevo decreto de estado de excepción en el cual incorporó a otras tres demarcaciones, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
No obstante, el pleno escuchó la intervención de 19 legisladores de distintas tendencias políticas, quienes cuestionaron la decisión del Ejecutivo de contrarrestar la protesta social con un decreto que criminaliza las manifestaciones y provoca la radicalización de las movilizaciones del sector indígena, así como de otras organizaciones y colectivos.
El paro nacional fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador desde el lunes 13 de junio y al mismo se unieron colectivos campesinos, de trabajadores, estudiantes y mujeres.
Concentraciones, marchas y cierre de vías son las principales acciones de los manifestantes en la mayoría de las 24 provincias de este país andino.
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