La recuperación de la institución, ocupada por las fuerzas del orden desde el pasado domingo 19 de junio, se dio en medio de demandas populares de permitir el uso del centro como punto de reunión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Además, también quedó desocupada el área del parque El Arbolito, que colinda con la Casa de la Cultura, donde se concentran la mayoría de las movilizaciones.
«El Ecuador necesita una salida inmediata a este conflicto. Para que no haya violencia ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la Conaie, se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura», señaló en un mensaje de video el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Tras la decisión del gobierno fueron miles los miembros de la Conaie que marcharon hacia ese lugar, liderados por el presidente de la organización, Leonidas Iza, y se concentraron en el ágora, en espera de la intervención de los dirigentes sociales.
En declaraciones a medios de comunicación, Fausto Salinas, comandante general de la Policía, afirmó tras el repliegue: es un acto de buena voluntad y también quisiéramos que el movimiento indígena abra la circulación en todas las vías y pueda conversar en el ágora de la Casa de la Cultura sobre el diálogo que se va a establecer en los próximos días.
La desmilitarización de la instalación y el Parque El Arbolito fue una de las garantías solicitadas por la Conaie al ejecutivo nacional para poder llegar a consensos entre los colectivos sumados al paro, sobre los puntos a tratar en un posible diálogo con el gobierno.
Otro pedido es derogar el estado de excepción vigente en seis provincias (Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo).
En octubre de 2019, cuando ocurrieron 11 días de protesta contra el gobierno del expresidente Lenín Moreno, la Casa de la Cultura fue centro de las reuniones de la Conaie, que también movilizó miles de miembros desde diferentes provincias hacia la capital, luego de unirse a un paro iniciado por transportistas contra la eliminación de subsidios a los combustibles.
Esas movilizaciones estuvieron marcadas por una fuerte represión de la policía y los militares y dejaron un saldo de ocho fallecidos, mil 340 heridos y más de un millar de detenidos, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
En esta ocasión, las muertes en el contexto de los 11 días de movilizaciones contra medidas neoliberales suman dos, mientras los heridos y detenidos superan los 100.
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