Los primeros 11 días de movilizaciones dejaron un saldo de cuatro muertes y cerca de un centenar de heridos y detenidos, la mayoría en enfrentamientos violentos, donde el uso de la fuerza por policías y militares aumentó la indignación de los participantes en las marchas.
El paro nacional fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y comenzó el 13 de junio en varias ciudades del país, pero se extendió a partir de la detención de Leonidas Iza, presidente de la organización, en la provincia de Cotopaxi, quien fue liberado en medio de la presión popular, pero ya tiene un proceso pendiente.
Ante los pedidos de indígenas, contenidos en una agenda de 10 puntos presentados al Gobierno, la respuesta inmediata no fue el llamado a concertar acuerdos, sino un intento de pulseo para impedir el aumento del levantamiento, de acuerdo con analistas.
No a la privatización de sectores estratégicos, atención y alivio para los pequeños productores en crisis económica, libre acceso a la universidad y presupuesto para la educación y la salud, alto a la minería ilegal, generación de empleo y ataque efectivo a la inseguridad son algunos de los pedidos que por un año mantienen la Conaie y otros sectores.
Como en 2019, cuando el Gobierno enfrentó al pueblo en protesta con uso excesivo de la fuerza en jornadas ampliamente denunciadas dentro y fuera de esta nación andina, las autoridades acuden nuevamente a la represión para disuadir las manifestaciones.
La militarización, el pasado domingo, de Casa de la Cultura y el parque El Arbolito, puntos históricos de concentración de movilizados, y el uso de bombas lacrimógenas incluso en universidades habilitadas como centros de acogida y asistencia humanitaria, fueron hechos que agudizaron la indignación de quienes por días se pronuncian por cambios en la política pública.
“La escalada represiva responde al uso progresivo de la fuerza aplicada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al amparo del estado de excepción, que rige en seis provincias del país”, advirtió al respecto en un artículo de opinión el periodista y analista Leonardo Parrini.
Según sostiene, «el guion de esa trama local no difiere de lo ocurrido en otros países de América Latina, donde el libreto se pone en funcionamiento, con un primer momento de deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación mediante la difusión de fake news concebidos por los servicios de Inteligencia y el ministerio del Interior».
Frente a ese panorama, el diálogo, que ejecutivo y manifestantes definen como el mecanismo para poner fin al conflicto, pareciera ser una opción muy lejana, ante la escalada de la violencia y actos vandálicos ocurridos en el contexto de las protestas, de los cuales la Conaie se deslinda.
La víspera, cuando muchos pensaron que se podía dar un acercamiento entre las partes tras la entrega de Casa de la Cultura a los indígenas, en cumplimiento de una de las garantías pedidas para las conversaciones, nuevamente escaló la agresión contra una marcha pacífica, liderada por mujeres, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.
La jornada constituyó la más brutal desde el inicio del levantamiento, en el que participan campesinos, estudiantes, gremios de trabajadores, amas de casa, colectivos de mujeres y otros sectores sociales.
“Es urgente que nos activemos y se denuncie, mediante una campaña internacional, la grave situación que se vive en Ecuador, bajo un gobierno dictatorial”, estimó Yumac Ortíz, presidenta de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CPAZ.
Esa organización es una de las instancias que ha alzado la voz ante el panorama actual, sobre lo cual afirma: “Rechazamos la violencia del Estado ecuatoriano contra la justa protesta social. Día a día aumenta la cifra de muertos y heridos, denunciamos al mundo la sistemática violación de los Derechos Humanos en Ecuador por parte del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso».
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