La controvertida propuesta recibió 295 votos a favor y 221 en contra, tras un debate en el que varios diputados del partido gobernante se sumaron a la bancada opositora, a la hora de criticar los planes del Ejecutivo que lidera el primer ministro Boris Johnson.
El llamado Protocolo para Irlanda del Norte fue la fórmula acordada por Londres y Bruselas para evitar una frontera física entre ambas Irlandas, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en 2020.
El mecanismo establece que todos los productos procedentes del resto de Gran Bretaña deben ser sometidos a controles para comprobar que cumplen con las regulaciones sanitarias y aduaneras europeas, pero es rechazado por los unionistas norirlandeses, que lo ven como una amenaza a la posición de la provincia dentro del Estado británico.
Según la canciller británica, Liz Truss, que culpa a la UE de negarse a renegociar el acuerdo, los cambios son necesarios para romper el bloqueo político impuesto por el Partido Democrático Unionista, y preservar los acuerdos de paz del Viernes Santo que en 1998 pusieron fin al conflicto armado en Irlanda del Norte.
El proyecto de ley, que será sometido a otro debate en la Cámara de los Comunes antes de pasar a los Lores, busca crear un “canal verde” para las mercancías con destino a Irlanda del Norte, y dejar los chequeos solo para aquellos productos que sigan viaje a la República de Irlanda.
También quiere eliminar la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia sobre las disputas que se generen en la provincia británica, y dejar que sean las empresas locales las que decidan si desean regirse por la legislación europea o por la del Reino Unido.
La UE se niega a enmendar un acuerdo ya firmado, y advirtió que inició acciones legales en los tribunales de arbitraje correspondientes, aunque se mostró dispuesta a tratar de encontrar una solución negociada al diferendo.
Los planes de Johnson de cambiar el protocolo norirlandés de forma unilateral también son rechazados por la oposición política en el Parlamento y varios diputados conservadores, por considerar que violan el derecho internacional y dañan la reputación del Reino Unido.
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