La disposición quedó contenida en el Decreto Ejecutivo 462,que entrará en vigencia desde mañana a las 00:00 (hora local).
De acuerdo con la ordenanza, la tarifa bajará en 10 centavos para el galón de gasolinas Extra y Ecopaís, cuyo precio máximo de venta será de 2.45 dólares, mientras que el diésel se ubicó en 1.80.
La medida podrá ser revisada según la situación económica y de las finanzas públicas de conformidad con la normativa vigente, indica el Decreto Ejecutivo 462, la víspera cerca de la medianoche.
Asimismo, la regulación precisa que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables o quien haga sus veces, controlará la aplicación del presente Decreto Ejecutivo y garantizará el normal abastecimiento a nivel nacional, concluye el documento.
La normativa fue expedida mientras la Asamblea Nacional (Parlamento) debatía un pedido de destitución del Dignatario, en medio de un paro nacional que cumplió 15 días con acciones en 23 de las 24 provincias de esta nación andina, en espera de respuestas del Ejecutivo a 10 puntos planteados por el movimiento indígena sobre temas sensibles para toda la población.
Justamente, uno de los tópicos de la agenda presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) al Gobierno es el de reducir y congelar los precios de los combustibles.
La eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel fue el detonante de un paro de 11 días registrado en octubre de 2019, en el que la represión policial dejó un saldo de al menos ocho muertos, mil 340 heridas y un millar de detenidos.
En esta ocasión, las protestas también fueron repelidas mediante el uso de bombas lacrimógenas y violencia de agentes del orden y el Ejército, lo cual suscitó denuncias a nivel nacional e internacional.
Los otros puntos planteados por la Conaie y acogidos además por otros sectores sociales están relacionados con mayor presupuesto a la educación y la salud, atención al agro, prohibir laminería ilegal, los créditos, moratoria para deudas, frenar la privatización de empresas públicas, respeto a los derechos colectivos y combate eficaz a la inseguridad.
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