En un documento público, la instancia informó que recibió reportes de una confrontación entre habitantes de la localidad y miembros del ejército y la policía, quienes custodiaban un convoy militar de combustible e iniciaron una fuerte represión con gas lacrimógeno, perdigones y municiones de goma contra comuneros unidos al paro nacional.
La versión de los manifestantes, quienes obstaculizaban la vía, contradice a la ofrecida por las Fuerzas Armadas, según la cual los efectivos fueron atacados por un grupo armado mientras trasladaban diésel por la localidad de Shushufindi, en la Amazonía.
Los militares dieron cuenta de una muerte y 12 heridos entre los efectivos, mientras los movilizados hablan de tres lesionados entre los residentes del lugar.
«Ante la gravedad de los hechos, es imprescindible que las autoridades competentes inicien de forma inmediata una investigación objetiva, imparcial e independiente para esclarecer la verdad de lo ocurrido», indica el colectivo.
El pronunciamiento recuerda al Estado su obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida de todas las personas y, en el contexto de paro nacional, específicamente, de civiles y de servidores públicos.
La Alianza lamenta en el texto esa pérdida y la de otras vidas humanas por represión injustificada e ilegítima en más de dos semanas de protesta de indígenas y otros sectores sociales contra políticas neoliberales del Ejecutivo y por respuestas a una agenda de 10 temas sensibles para la población.
En cuanto a lo acontecido esta jornada, consideran que no tiene sentido desplegar efectivos militares y policiales en el marco del diálogo iniciado la víspera entre el Gobierno y los sectores indígenas y sociales, con vistas a superar la situación.
«Enfatizamos en que la movilización de Fuerzas Armadas solo puede darse bajo la declaratoria constitucional de estado de excepción, el cual no rige actualmente, ni estuvo nunca vigente en la provincia de Sucumbíos, donde ocurrieron los hechos», añaden.
La denuncia pública además rechaza y considera estigmatizantes las declaraciones sobre el incidente emitidas por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, contra dirigentes y comunidades, que tildó de «otro estallido violento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
«Este tipo de declaraciones promueve infundados procesos de criminalización y contrarían los principios de buena fe y lealtad del diálogo en curso», alerta e insiste en que los Estados están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos durante manifestaciones y protestas.
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