El llamado de los defensores de Derechos Humanos ocurrió mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocante de las manifestaciones, junto a otros sectores sociales sumados al levantamiento, buscan respuestas a una agenda de 10 temas sensibles para la población, los cuales consideran desoídos por el Ejecutivo.
Somos parte de la misión de solidaridad internacional y derechos humanos que vinimos desde Argentina, de distintas organizaciones, ante las violaciones que fueron denunciadas y están ocurriendo en Ecuador, en el marco del paro general, aseguró Nicolás Tauber, de la Asociación LiberPueblo y miembro del equipo.
En entrevista con Prensa Latina, el activista explicó que el objetivo del grupo es recabar información sobre las acusaciones, lo cual ya pudieron evidenciar durante su estancia en esta nación andina.
“Estamos visitando los territorios, reproduciendo y entrevistándonos con las víctimas, con los fines de producir informes que sean elevados a autoridades tanto nacionales como internacionales”, precisó.
Visibilizar la situación, aportar al cese de las vulneraciones y contribuir a un canal de diálogo para atender los reclamos de la población, son las metas inmediatas, especificó.
De su lado, Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas, señaló que las protestas son resultado de demandas sociales de tiempo, basadas en 10 puntos, encabezadas por las comunidades originarias, pero con afectaciones reales para toda la sociedad.
Acotó que por esa razón al llamado de la Conaie se unieron organizaciones sociales por presupuesto para la educación y salud, atención al agro, el cese de la privatización de empresas públicas y de la minería ilegal, mayor generación de empleos, precios justos en combustibles y la canasta básica, entre otros pedidos.
“Lo primero que pudimos advertir es una represión injustificable a la protesta, con violaciones de las reglas del manejo de las manifestaciones, seis muertos, cientos de heridos (algunos graves), siete desaparecidos, incluso niños”, apuntó.
A su juicio, lo más preocupante es que el discurso oficial lejos de conciliar y llamar a la calma, al diálogo, amenazaba con subir la escala de la violencia y desconoce los reclamos.
Otro punto señalado por los miembros de la misión internacional argentina estuvo vinculado a los denominados sitios de paz, espacios universitarios y la Casa de las Culturas, fundamentalmente, que sirven de asentamiento a los indígenas, a familias pacíficas, donde hubo reportes de agresiones y uso de la fuerza por la Policía y el Ejército.
Por otra parte, ambos se refirieron al discurso de odio, estigmatización, discriminación racial y étnica evidenciado contra las comunidades de pueblos originarios y los manifestantes en general.
“Llamamos a cesar esas conductas y que la policía y las Fuerzas Armadas resguarden a todo el pueblo ecuatoriano, a los manifestantes, a los no manifestantes”, dijo Tauber y pidió que se garantice el estado de derecho y restablecer el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, violados injustificadamente durante las manifestaciones.
Sobre ese particular, Rocca mencionó que constataron situaciones similares en Bolivia y Colombia, donde hubo denuncias de la existencia de comandos civiles, los cuales incluso pretenden justificar a la prensa el uso de la violencia de las fuerzas regulares.
Otro tema abordado fue el de la comunicación mayormente controlada por el Estado, mientras los manifestantes difunden a través de las redes sociales y por medios alternativos, lo que en criterio de Rocca, produce una gran confusión y un efecto muy distorsivo de la realidad en quienes no estén directamente involucradas.
Mientras la Comisión continúa su trabajo, el paro tuvo un giro con la apertura del ansiado diálogo entre sectores sociales y el Gobierno, con la ausencia del presidente de la república, Guillermo Lasso.
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