Representantes de la gremial, por sus siglas Sutel, entregaron la víspera en la Presidencia de la República un recurso contra la resolución que permite que cinco empresas privadas cableoperadoras privadas ofrezcan servicios de Internet a sus clientes en el mercado nacional.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, explicó que la acción sindical es “contra las resoluciones del Poder Ejecutivo” a través de la firma del mandatario y del ministro de Industrias de entregar licencias a esas entidades.
“Para nosotros eso es romper con el monopolio que va quedando de Antel, denunció el dirigente gremial del sector.
Agregó que a esto hay que sumarle “la poca voluntad política de parte de la mayoría del directorio de Antel que no hizo absolutamente nada, ni siquiera consultar al área jurídica para saber cuál es la opinión al respecto”.
Molina refutó el argumento gubernamental de que habilita la competencia y cuestinó que lo sea entregando las licencias “para que ofrezcan Internet con nuestra fibra óptica y nuestra infraestructura”
La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, calificó ese acto de antipatriota y cuestionablemente legal, y lo describió de “vaciamiento de una empresa que en la última década invirtió fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones”.
En la propia Antel el director representativo del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, expresó que el decreto presidencial lo que hace es “privatizar el Internet fijo”, perjudica a la telefónica estatal y rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica.
hr
