Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
La dirigencia indígena convocó a la acción por respuestas a una agenda de 10 puntos planteados al Ejecutivo hace más de un año y que aparentemente se quedaron dormidos en la mesa presidencial, mientras las carencias aumentaron y se acumularon.
El estallido indígena y la capacidad de generar un enjambre, un eco en otros sectores y en múltiples lugares a la vez, fue uno de los elementos que a juicio de estudiosos, se destacó en el paro nacido en los territorios y extendido a toda la nación.
“No hay detonantes para las manifestaciones”, aseguró el presidente de la república, Guillermo Lasso, sobre el levantamiento indígena, al que se sumaron maestros, estudiantes, trabajadores, colectivos de mujeres y amas de casa, golpeados por el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, la Agenda de Lucha Nacional presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), hablaba por sí sola de las razones de la protesta, pues el sentir y padecer de los pueblos ancestrales es también el de la mayoría ciudadana.
Pidieron moratoria para deudas personales y familiares, créditos, mayor presupuesto a la educación y la salud, respeto a los derechos colectivos, precios justos para los combustibles y los productos de la canasta básica, control a la especulación de los productos del agro, generación de empleos, no a la privatización de empresas públicas y rechazo a la minería ilegal.
QUITO, EPICENTRO DE LA LUCHA
En medio de esa efervescencia, Quito, capital del país, devino epicentro de la lucha con una demanda esencial: respuestas, resultados. Y con esa meta miles abandonaron sus hogares e hicieron de la “Carita de Dios” la principal zona de batalla.
Frente a un discurso oficialista que incitó a la división, además de estigmatizar, discriminar y amenazar, contrario a lo que algunos esperaban, muchos barrios abrieron sus puertas y acogieron a la masa indígena que lideraba los reclamos colectivos.
Ollas solidarias, con víveres aportados por los moradores, alimentaron a los manifestantes y cobijas, colchones, ropa y zapatos fueron donados para ayudar en su diario bregar y descanso en centros de acogida instaurados en la Universidad Central del Ecuador y la Salesiana, que pese a ser proclamados sitios de paz, fueron violentados por la represión policial y de ejército.
En un hecho que no se registró en los últimos 40 años, fue militarizada la Casa de las Culturas, histórico punto de reunión para asambleas y toma de decisiones de los pueblos y nacionalidades, mientras solo los medios comunitarios y las redes sociales daban cuenta del uso desmedido de la fuerza.
A la par, grupos infiltrados en las movilizaciones ocasionaron desmanes y fueron responsables de actos violentos, de los cuales el movimiento indígena y sus dirigentes se deslindaron, mientras las autoridades los tildaron de culpables.
Pese a esa situación hostil, solo un grupo reducido de habitantes de Quito pedía la salida de los manifestantes desde la zona financiera capitalina, mientras el paro crecía impulsado por la indignación de la actuación de un Gobierno que distaba mucho de promover el diálogo.
Desabastecimiento, destrucción, cierre de comercios, interrupción de las clases presenciales y del trabajo, fueron algunos de los daños generados en el contexto de un levantamiento que en dos semanas de acciones acumuló seis muertos, centenares de heridos y detenidos.
LLEGÓ EL DIALOGO, LOSCONSENSOS Y EL FIN DEL PARO
Instituciones de Estado, la iglesia, organizaciones sociales, población y los manifestantes pedían conversaciones para acabar el conflicto y llegó la ansiada mesa de negociaciones, organizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.
Sin embargo, tras una jornada en paz con adelantos y concesiones de ambas partes, fue suspendida por el mandatario, Guillermo Lasso.
Durante 24 horas permaneció cancelado el proceso en el que el movimiento indígena no cedió al pedido de cambiar a su máximo representante, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, protagonista de la protesta junto al Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Finalmente, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante y mediador, la mesa reabrió en busca de consensos y por la reconciliación del país, y durante 18 días estuvo de pie, lo cual dejó otro mensaje: en la lucha del pueblo, nadie se cansa.
El Acta de Paz suscrita por el Gobierno y el Movimiento indígena mostró que cuando hay buena voluntad y una única meta (el bienestar de la ciudadanía), es necesario ceder para alcanzar acuerdos como el fin de las manifestaciones, el retorno de los movilizados a sus comunidades y la derogatoria de normativas neoliberales, dañinas para la población de menos recursos.
Reducción en los precios de los combustibles, aunque no con los valores demandados, declaración de emergencia en la Salud Pública y mayor presupuesto para la educación intercultural, fueron logros concretados.
Quedó además el compromiso del Ejecutivo de valorar reformas en el tema minero y prohibir esas actividades en zonas protegidas, intangibles y arqueológicas, así como en áreas con asentamientos indígenas.
Para el resto de los temas de la Agenda de Lucha Nacional hay un plazo de 90 días, en el que los manifestantes dejarán las soluciones a la buena voluntad del Gobierno, mientras recomponen lo dañado, con la alerta de que volverán a la lucha si hay incumplimiento en los acuerdos.
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