En los recientes días, las movilizaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tuvieron su momento cumbre con el diálogo entre las partes a partir del lunes 27 de junio, jornada 15 del levantamiento popular.
Antes de ese punto transcurrieron dos semanas de marchas, con episodios de violencia y fuerte represión de la policía y el ejército a los movilizados, a la par de hechos vandálicos de grupos infiltrados en la protesta que dejaron seis muertos, centenares de heridos y detenidos, incluido el arresto arbitrario de Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
Una Agenda de 10 puntos centró la demandas sociales de reducir y congelar el precio de los combustibles, créditos, moratoria de deudas, tarifas justas para productos del agro, respeto a los derechos colectivos y generación de empleo.
Los otros reclamos se relacionan con frenar la privatización de sectores estratégicos y la la minería y explotación petrolera en áreas protegidas y de asentamiento de pueblos ancestrales, presupuesto para educación y salud, así como políticas eficaces en el combate a la inseguridad.
Con la firma del Acta por la Paz, el jueves 30 de junio, los líderes del movimiento indígena declararon el fin del paro nacional, inició el retorno a sus comunidades de mies de manifestantes concentrados en Quito, epicentro de la resistencia y se cerró un capítulo para abrir paso a otro enfocado en mesas técnicas que deberán dar respuesta a los temas acordados.
Aunque los consensos en el diálogo no fueron del todo los esperados por la Conaie y los sectores sociales, hubo logros tangibles, mientras algunos puntos quedaron pendientes para tratar y buscar soluciones en los siguientes 90 días, hasta octubre venidero.
Los avances concretados incluyeron la reducción en 15 centavos en los galones de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como en el diésel, pese a que el pedido era de bajar 40 centavos, así como reformas a la Ley Minera para establecer las zonas donde no puede haber prácticas de exploración y explotación.
Decretos que disponen mayor control a los precios de los productos del campo y a la especulación, aprobación de presupuesto en la educación intercultural, declaración de emergencia en la salud pública y políticas públicas compensatorias por el costo de la vida tras la pandemia de Covid-19 y la crisis logística internacional, fueron otras disposiciones.
Ecuador estuvo en la mira internacional y el seguimiento al cumplimiento de lo pactado también será monitoreado dentro y fuera del país.
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