Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
Esa frase, a juicio de la socióloga, resume un poco lo sucedido durante 18 días consecutivos de paro nacional -13 al 30 de junio-, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que creció significativamente con la incorporación de otras organizaciones sociales.
«Fueron jornadas de alta intensidad que concluyeron con algunos logros para el pueblo, el de mayor destaque, haber puesto en evidencia la necesidad de hacer de manera urgente algunos cambios o enmendar la crítica situación de un país afectado por la aspereza de las políticas neoliberales», afirmó en entrevista con Prensa Latina.
Al respecto precisó que, en Ecuador, las políticas financieras privilegian al capital en desmedro de los intereses populares y la ciudadanía organizada puso en evidencia de todos los modos posibles, que es imposible vivir sin la atención del Gobierno a derechos básicos como educación, salud, alimentación y otros, desmantelados por el achicamiento del Estado.
Las privatizaciones y la transferencia al mercado solo resultan en mayor exclusión y en una selección que impide a la mayoría beneficiarse de esos asuntos básicos, la educación, por ejemplo, y por eso la juventud se comprometió tanto en las manifestaciones, amplió.
En esa misma línea León estimó que se demostró, de manera concomitante, cómo las demandas de cambios son requeridas en todo el país, al punto de llegar a escenarios como la eventual destitución del presidente de la república, Guillermo Lasso, impulsada durante las marchas por la bancada del movimiento de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional.
«El banquero y neoliberal dogmático se salvó con varias estratagemas, pero salió a luz que en esos escenarios más del 80 por ciento de la población desaprueba su gestión», enfatizó.
Sobre la postura del mandatario en el contexto del paro, señaló que la arrogancia y el autoritarismo marcaron el tono de respuesta, pues no se presentó al Parlamento ni fue parte del diálogo con la dirigencia del levantamiento popular que duró 18 días con carácter territorial, nacional e indefinido.
Apenas hizo presencia en cadenas mediáticas para anunciar estado de excepción, represión y amenazar. La violación de derechos humanos ocurrió por centenares y quedó al descubierto el autoritarismo, recalcó.
Esa práctica aplicada de manera soslayada, acotó, ahora sale a luz al punto que en un informe de la misión internacional de solidaridad y derechos humanos se configuran crímenes de lesa humanidad, dijo.
ACTA POR LA PAZ
En cuanto al acuerdo sellado con la firma del Acta por la Paz, por los líderes de la protesta y el Ejecutivo, explicó que hubo 10 puntos planteados previamente, con aspectos sensibles para la población y mencionó moratoria para deudas, impulso al empleo y derechos laborales, precios justos a productos de campesinos y control a la especulación. También resaltó tópicos como precio de los combustibles, respeto al derecho colectivo, rechazo a la privatización de sectores estratégicos y patrimonio público, fondos para salud y educación, políticas efectivas de seguridad y protección.
En el acuerdo se contemplan derogatorias y reformas a decretos que tienen que ver con hidrocarburos, territorios y la inclusión de un compromiso sobre la consulta previa y el respeto a las comunidades ancestrales, con relación a la explotación minera, demanda muy importante sobre todo para las comunidades amazónicas, aseveró.
Destacó además que quedaron puntos pendientes sobre educación y salud (aunque se puso en emergencia nacional la salud pública) y todo lo relacionado con derechos colectivos, los cuales serán desarrollados en mesas de trabajo en un plazo de tres meses.
«Creo que para el movimiento popular movilizado un aspecto relevante fue el compromiso de hacer control de precios en cada provincia», especificó.
Entre los tópicos fuera del Acta y a su juicio sensibles, mencionó la moratoria y renegociación de deudas, que definió como importante, sobre todo para la gente del campo, ante el encarecimiento de la vida y la precarización por las privatizaciones, resultantes en endeudamientos con el sector financiero a intereses exorbitantes, lo cual estrangula la vida.
Sobre ese particular, alertó de reticencia al tocar ese tema, pese a la insistencia de los manifestantes, por guardar relación con el sector financiero.
Acerca de los pendientes, comentó que queda en el escenario una situación compleja, pues por un lado el gobierno incumplió antes y podría volver a fallar, no solo con los compromisos que no quedaron consignados, sino también con los acuerdos tomados.
Como aspecto crítico, alertó sobre la exclusión en el documento suscrito de amnistía y reparaciones para las familias de los seis fallecidos, así como de compromisos de no judicializar a los movilizados y los líderes del paro, en un contexto de persecución como el desatado durante el estallido social reciente, lo cual podría ser grave.
«Podrían venir días nefastos para los actores de las movilizaciones, con acusaciones tremendas, pues el discurso oficial hace asociaciones con terrorismo y narcotráfico. Es un vacío que queda y preocupa», concluyó.
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