El abogado de carrera, quien ha sido parte de equipos legales en procesos legales contra el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, hizo pública su decisión mediante un comunicado difundido en las redes sociales.
«No me ata un puesto ni su sueldo, peor aun me atará una usualmente pretendida pose de ilustre autoridad. Tampoco me ata la dichosa inmunidad o la atención mediática cotidiana; me atan, sí, y con fuerza, mis principios y convicciones. Y tengo un inexcusable deber con mis compañeros víctimas del Estado ecuatoriano y su persecución», aseguró en el texto.
Jarrín recalcó que tras la renuncia asumirá nuevamente, al 100 por ciento, su labor como defensor de coidearios, identificados como «correístas», quienes son víctimas de persecución política.
La labor, dijo, la realiza desde hace cinco años, pero recordó que desde mayo de 2021 asumió como parlamentario, electo en los comicios realizados en febrero de 2021.
En ese puesto, precisó, compartió vivencias y aprendió mucho de sus compañeros de bancada y de otras tiendas políticas, pero también conoció «la podredumbre que habita y se reproduce dentro de la Asamblea Nacional».
Sobre los legisladores de UNES, alertó que no teme por su lealtad y coherencia, pues aunque sus posibilidades son limitadas al contar solo con 47 votos seguros, siempre actuarán a favor del pueblo ecuatoriano, como han hecho hasta el momento.
«Ha sido una decisión complicada, pero firme y bien pensada, así he entendido que no me es posible estar al frente de estos dos espacios tan importantes al mismo tiempo. Luego de corroborar con orgullo y esperanza la unidad y capacidad de mis compañeros de bancada dentro de la Asamblea, sé que puedo concentrarme en mi deber jurídico», expresó.
Por su parte, el exmandatario Correa agradeció a Jarrín por la decisión tomada y especificó que desde el movimiento de la Revolución Ciudadana le pidieron dedicarse a tiempo completo a la defensa nacional e internacional de todos los perseguidos.
En un mensaje publicado en Twitter, el exdignatario advirtió que con el presidente Guillermo Lasso, la judicialización de la política o lawfare continúa y aumenta.
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