Las iniciativas suponen los primeros intentos legislativos en esa instancia para salvaguardar un derecho ganado hace casi 50 y cuya eliminación con el fallo del Supremo, el pasado 24 de junio, significa un retroceso histórico, sostienen analistas.
El proyecto de Ley de Protección de la Salud de la Mujer, fue aprobado por 219-210, y es el mismo que ya fue avalado en ese órgano en septiembre, pero chocó con la pared de la oposición republicana.
La legislación pretende garantizar el aborto en todo el país, codificándolo en la legislación federal, como pidió el presidente Joe Biden.
Ahora la medida se enfrentará a vientos en contra en el Senado, pues existe el antecedente de que los republicanos de la Cámara Alta y el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental) la bloquearon en febrero y marzo, cuando se sometió a consideración.
En ese sentido se necesitaría superar el filibusterismo legislativo (maniobra obstruccionista), para lo cual se requieren 60 votos en el Senado.
El segundo proyecto que pasó en la Cámara Baja es el de la Ley para Garantizar el Acceso al Aborto, que se concretó con una votación de 223-205 y protegería a las mujeres que viajan a otro estado para interrumpir su embarazo.
Los dos proyectos de ley avanzaron exactamente tres semanas después de que la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, Misisipi, derogara el caso Roe contra Wade, de 1973.
La historia se remonta a 1969, cuando Norma McCorvey, entonces de 25 años, utilizó el seudónimo de Jane Roe para desafiar las leyes de Texas sobre el aborto.
Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, de ahí el nombre de la batalla legal: Roe vs. Wade.
McCorvey estaba embarazada del tercer hijo cuando denunció que fue víctima de una violación al presentar su caso en tribunales, pero rechazaron el alegato y la obligaron a llevar a término su gestación.
La Corte Suprema escuchó su caso en 1973 junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.
Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.
Por una votación de 7-2, los jueces del máximo tribunal de la nación determinaron que los gobiernos de los estados carecían del poder para prohibir los abortos y concluyeron que ese era un derecho de la mujer protegido por la carta magna.
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