La iniciativa partió de denuncias realizadas por organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular, participantes en el paro nacional efectuado del 13 al 30 de junio último, por convocatoria del movimiento indígena.
Ambos colectivos consideran que el titular del Interior y el de Defensa, Luis Lara, permitieron el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional y los militares en contra de los movilizados.
Los 18 días de las marchas dejaron al menos seis muertos y 335 heridos entre los manifestantes, además de reportes de 77 vulneraciones a derechos humanos y 175 detenciones.
Al respecto, desde la sede de la Asamblea Nacional, el parlamentario de Pachakutik Mario Ruiz precisó que será el ponente de la propuesta, cuyo proceso iniciará con la recogida de firmas en el transcurso de esta semana.
Según aclaró, las autoridades serían juzgadas por incumplimientos de sus funciones durante el levantamiento, que pedía respuestas del Ejecutivo a una agenda presentada por el sector indígena desde 2021, pero sin respuestas, con 10 temas sensibles para los pueblos y nacionalidades, trabajadores, estudiantes, campesinos, mujeres, entre otros grupos.
«Todos los funcionarios públicos y más el ministro del Interior, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados de Derechos Humanos legalmente ratificados por el Ecuador», aseguró Ruiz en declaraciones a a prensa.
Al respecto, afirmó que esos derechos no fueron respetados por las fuerzas del orden durante las movilizaciones en as cuales el pueblo mostró descontento con medidas neoliberales del Gobierno.
En ese sentido, mencionó irregularidades como el allanamiento a la Universidad Central del Ecuador, declarada Zona de Paz y centros de acopio de asistencia humanitaria.
«Eso es responsabilidad del ministro del Interior», recalcó.
El actual pedido se suma a uno similar realizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
Ambas organizaciones fueron parte de los entes convocantes al paro nacional, que derivó en un proceso de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, en curso actualmente.
Para dar paso a la metodología del juicio político se requieren un mínimo de 34 firmas dentro del Parlamento.
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