El cuerpo legal comprende la desconcentración de frecuencias, protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, a través de los medios de comunicación.
La propuesta pasó en sesión plenaria, con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones, luego de un rechazo inicial al informe sobre la normativa, por parte de 73 legisladores.
El proyecto fue sometido a un amplio proceso de socialización con los diversos actores públicos y privados desde el 12 de julio de 2021 y es el resultado de 14 meses de trabajo y el esfuerzo mancomunado de los sectores que participan en la comunicación, indicó el Paramento en un boletín.
De acuerdo con el informe, la iniciativa legal permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con mecanismos de defensa expeditos.
Asimismo, permite que las empresas de comunicación social desarrollen sus actividades económicas en cumplimiento de los estándares previstos en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
Según la asambleísta Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Legislatura, la propuesta normativa no regula la opinión ni permite sanciones penales.
«Fue trabajada con muchos sectores que tienen que ver con la comunicación, especialmente la comunitaria. Es un proyecto trabajado con la gente, para la gente», subrayó.
La Ley será remitida en los próximos días a la Presidencia de la República para su sanción u objeción en el plazo de 30 días, conforme lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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