Por Adriana Robreño
Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
La última audiencia, realizada el 21 de julio y transmitida en horario estelar, presentó documentos, videos y testimonios como evidencias de la negligencia del deber presidencial ante la actitud violenta de sus simpatizantes con el objetivo de aferrarse al cargo.
El exmandatario «abrió imprudentemente un camino de anarquía y corrupción» el 6 de enero de 2021, cuando sus simpatizantes irrumpieron en la sede del legislativo y él no hizo nada para detenerlo, afirmó el jefe de la comisión, el representante demócrata Bennie Thompson.
A lo largo de ocho encuentros, los legisladores miembros del comité selecto divulgaron una imagen mucho más detallada de la insurrección en el Capitolio el día fijado para certificar la victoria en las urnas del actual ocupante del Despacho Oval, el demócrata Joe Biden.
LAS AUDIENCIAS PARLAMENTARIAS
Durante la primera cita abierta de la comisión parlamentaria, celebrada el 9 de junio y vista por 20 millones de espectadores, salió a relucir lo que algunos medios calificaron de narrativa inquietante.
Aquel día Thompson presentó las conclusiones preliminares de lo que hasta el momento el grupo había averiguado y afirmó que el motín fue un «intento de golpe de Estado» para que el líder republicano permaneciera en el poder.
La republicana Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión investigadora, afirmó que Trump -basado en un supuesto fraude electoral, desestimado por los tribunales- fue quien citó a la multitud, la congregó y encendió la llama.
Durante la segunda audiencia se expusieron elementos acerca de cómo se crearon mentiras electorales.
El exjefe del ejecutivo ignoró a sus ayudantes y asesores mientras declaraba la victoria y presionaba con reclamaciones de un fraude que hasta sus allegados le advirtieron que eran afirmaciones erróneas.
Allí trascendió que el equipo de campaña convenció a los partidarios del expresidente de la teoría de fraude con el fin de recibir donaciones en algo llamado “Fondo de Defensa Electoral”, que en una semana acumuló 100 millones de dólares para ayudar al líder republicano a anular los resultados.
La tercera audiencia expuso a la opinión pública la manera en que el republicano trató de obligar a su vicepresidente, Mike Pence, para que siguiera adelante con un plan dirigido a anular su derrota.
En ese sentido, el abogado Greg Jacob, quien representaba a Pence, y el juez republicano retirado J. Michael Luttig testificaron que en aquel momento dijeron al número dos de la Casa Blanca no tener la autoridad para revertir la voz de las urnas.
El panel bipartidista,compuesto por siete demócratas y dos republicanos, sacó a la luz acciones de Trump que llevaron a sus partidarios a irrumpir violentamente en el Capitolio con la idea de “colgar a Pence”.
Ya en la cuarta audiencia funcionarios electorales de Georgia y Arizona confirmaron que el entonces presidente trató de “encontrar los votos” para proclamar su victoria y hasta utilizó amenazas violentas cuando ellos se negaron.
En la quinta sesión exploraron el propósito de Trump de utilizar el Departamento de Justicia con el propósito personal de mantenerse en el poder y se presentaron pruebas de que al menos media docena de miembros republicanos del Congreso buscaron indultos preventivos.
Antiguos funcionarios, como Cassidy Hutchinson, quien trabajó para el exsecretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, dieron también su testimonio sobre el comportamiento del magnate republicano antes y durante los sucesos del 6 de enero de 2021.
En la sexta audiencia Hutchinson declaró que el mandatario sabía que los manifestantes estaban armados y aún así no le importó. “Escuché decir algo así como: No están aquí para hacerme daño. Quiten los detectores”, afirmó la excolaboradora.
Los vínculos entre el expresidente y los grupos de extrema derecha que protagonizaron los disturbios violentos en la sede del Congreso para intentar detener la transición del poder quedaron claros en la séptima audiencia.
El panel escuchó el testimonio de un exvocero del grupo ultraderechista Oath Keepers y también parte de la declaración del entonces abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone, quien previamente se reunió con miembros del grupo parlamentario durante ocho horas a puertas cerradas.
Para demostrar la intención del exmandatario, los representantes se basaron en documentos y uno de ellos se refiere a un tuit de Trump que nunca envió en el cual decía: “Pronunciaré un gran discurso el 6 de enero (…) Llegue temprano, se esperan multitudes. Marcha al Capitolio después. ¡¡Detén el robo!!”
En resumen: el comité mostró la imagen de un presidente perdedor, poseído por aferrarse al poder, mentiroso al afirmar falsamente que las elecciones fueron robadas aún cuando sus propios asesores le dijeron lo contrario, y que instó al Departamento de Justicia a apoyar su teoría.
Además, revelaron cómo presionó a funcionarios estatales para cambiar los votos a su favor; presionó al vicepresidente, Mike Pence, para anular los comicios; animó a sus seguidores a manifestarse en el Capitolio; y, finalmente, cuando la violencia se desató, no actuó para detenerla.
ACUSACIÓN LEGAL, ¿SERÁ POSIBLE?
La comisión del Congreso que examina el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos no puede presentar cargos legales en contra del exmandatario y su misión se limita a descubrir el alcance total de sus intentos por detener la transferencia de poder.
Mientras el panel se prepara para continuar en septiembre una nueva ronda de audiencias públicas, el Departamento de Justicia (DOJ) enfrenta una presión creciente para procesar a Trump.
Para los demócratas es necesario remitir al DOJ la información obtenida como resultado de la pesquisa de los sucesos de inicios del año pasado.
Según los reportes, el comité ya cuenta con los argumentos para formular un caso, aunque la potestad para acusar criminalmente al exgobernante corresponde únicamente al DOJ.
Hasta el momento, esa entidad gubernamental acusó
a más de 800 personas involucradas en los disturbios del 6 de enero de 2021, pero no está claro si presentará cargos contra un expresidente con base en los hallazgos de un comité del Congreso.
Con lo que descubrieron, ahí hay una conspiración criminal, aseveró el representante demócrata Juan Vargas, citado por el diario The Hill, quien al igual que otros colegas de su partido coinciden en que Trump fue el impulsor de las protestas con su teoría de fraude electoral.
Entre los posibles cargos que podría enfrentar están “obstrucción a un procedimiento oficial”, “conspiración para defraudar a Estados Unidos” e incitación a disturbios o insurrecciones, de acuerdo con expertos.
El jefe número 46 del ejecutivo estadounidense calificó de engaño las audiencias realizadas por el comité y negó las diferentes acusaciones sobre el papel que jugó al alentar a la violencia.
Los demócratas insisten en cerrar el cerco contra el expresidente cuando faltan cuatro meses para las elecciones legislativas de medio término y sondeos reconocen la influencia del exmandatario entre las bases del Partido Republicano pese a las evidencias sobre su cuota de responsabilidad en los disturbios.
Pese a entuertos legales de otras índoles y las evidencias que lo señalan como instigador del asalto al Capitolio, el magnate republicano insinúa postularse nuevamente en 2024 para regresar a la Casa Blanca.
“Bueno, en mi mente, ya tomé esa decisión, así que ya nada influye (…) Diría que mi gran decisión será si voy antes o después de las elecciones intermedias”, declaró Trump a la revista New York.
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