En una nota oficial el Ejecutivo aseguró que ya hay una pesquisa en desarrollo en cuanto a los asesinatos relacionados con la campaña liderada por el expresidente Rodrigo Duterte.
Con esa declaración Manila apoyó recientes declaraciones del actual mandatario Ferdinand Marcos Jr., en las que descartó reincorporar a Filipinas a la Corte Penal Internacional (CPI).
Marcos Jr. tomó esa decisión luego de un análisis con su equipo legal de la reanudación por el CPI de una investigación sobre las referidas muertes en el país asiático.
El jefe de Estado aseguró que el sistema penal del país funciona, por lo que, enfatizó, el órgano de justicia foráneo no tiene necesidad de retomar dichas pesquisas.
En una conferencia de prensa, la secretaria de prensa, Trixie Cruz-Angeles, calificó de una cuestión de soberanía la determinación del presidente de no reincorporarse a la Corte penal Internacional.
Cruz-Ángeles reconoció los reclamos de las familias de las víctimas, pero les aseguró que las instituciones legales son totalmente capaces de ayudarlos a lograr justicia.
Filipinas se retiró formalmente de la CPI en 2019, y el entonces presidente Rodrigo Duterte dijo que la corte internacional no puede adquirir jurisdicción sobre el país asiático.
En noviembre de 2021, el órgano de justicia internacional suspendió a pedido del gobierno filipino la investigación sobre presuntos abusos contra los derechos humanos relacionados con la guerra contra las drogas.
En junio, el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a los jueces de la sala de instrucción que procedieran nuevamente con la averiguación, basado en el pretexto de que Manila no ha demostrado un avance en las pesquisas.
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