Según explicaron en rueda de prensa el ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, y la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, el Ejecutivo establecerá una prohibición temporal ante la demora de la aprobación en el Parlamento de una disposición permanente.
Este es un recurso provisional mientras la prohibición de armas de fuego avanza en su totalidad a través del proceso parlamentario y así impediremos que los estantes se renueven en el corto plazo, precisó la canciller.
A fines de mayo, los liberales presentaron el proyecto de ley C-21, que de aprobarse restringiría aún más el acceso legal a los artefactos letales en Canadá.
La propuesta legislativa no constituye una prohibición total, sino que opta por un «congelamiento» nacional de la venta, compra o transferencia de armas de fuego y permitirá a los propietarios legales actuales conservar las suyas.
La iniciativa también prevé crear sistemas para señalar a las personas que puedan representar un riesgo para ellos mismos o para otros, y aumentar las penas máximas para los delitos relacionados con ese tipo de dispositivos, como el contrabando y tráfico de armamento.
Joly añadió que los liberales optaron por la suspensión temporal a partir de agosto porque cuando el primer ministro Justin Trudeau anunció el proyecto C-21, hubo un alza en la compra de armas, y en particular de pistolas.
Queremos evitar el reabastecimiento a través de las importaciones, expresó la funcionaria al acotar que no existe ningún productor de armas de fuego a nivel nacional.
La legislación aún se encuentra en las primeras etapas de su paso por el Parlamento, y su análisis comenzará con la apertura de la sesión de otoño de la Cámara de los Comunes a fines de septiembre, informó el canal CTV.
Los hechos con artefactos letales fueron más frecuentes en 2021 en comparación con los 12 meses precedentes, reveló esta semana Statistics Canada.
Aunque muy lejos del nivel de su vecino Estados Unidos, esta nación vive un alza de ese tipo de sucesos.
La creciente preocupación por el problema conllevó a que el Gobierno federal apostara hacia el control de armas con un programa de recompra obligatoria, bien visto hoy por sectores liberales y rechazado entre los conservadores.
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