El magistrado enfrenta cargos por cargos por supuesta participación en usurpación y simulación de funciones públicas.
Las acciones se dan a pocas horas de la detención del juez de Garantías Penitenciarias, medida que fue cambiada por la de arresto domiciliario, dictaminado por la Corte Provincial de la provincia de Manabí.
El nuevo fallo incluye prohibición de salida del país y un pedido al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para la colocación del dispositivo de vigilancia electrónico.
La denuncia en contra de Molina fue interpuesta por el director general del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, quien alegó que el letrado emitió la orden de excarcelación de Glas y otras dos personas privadas de la libertad el mismo día cuando fue llamado a juicio (5 de agosto).
El arresto e inicio de proceso al juez ha sido ampliamente criticado por organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y seguidores de los casos contra el exvicemandatario Jorge Glas, considerado un perseguido político del anterior y el actual gobierno.
El magistrado ordenó la liberación del exvicepresidente por «efecto inter comunis» (fallo de tutela que, de manera excepcional, se extiende a situaciones concretas para quienes, aunque no promovieron el amparo constitucional, están igualmente afectadas por la situación de hecho o de derecho motivadora de un habeas corpus concedido a un detenido con problemas de salud.
No obstante, según el SNAI, hay inconsistencias en la boleta de excarcelación de Glas y la del otro beneficiado (Daniel Salcedo), emitidas el 8 de agosto último.
Mientras, el exvicedignatario continúa en la cárcel 4 de Quito, y su defensa insiste e que hará todas las acciones pertinentes para efectivizar su salida de la prisión.
El equipo legal de Glas insiste en que es un perseguido político e inocente de los delitos de asociación ilícita y cohecho, por los cuales fue juzgado y condenado en los casos conocidos como Odebrecht y Sobornos.
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