Las partes se vieron obligadas a instalar la llamada “mesa de acercamiento”, ahora con la Iglesia católica solo como observadora, para evaluar los disensos en torno al flagelo que en opinión de los colectivos populares tiene un impacto transversal en el resto de los problemas debatidos y que aquejan a la población.
Para Saúl Méndez, de la alianza Pueblo Unido por la Vida, la corrupción es un mal endémico.
En estas pláticas, dijo, a pesar de demostrarle al Ejecutivo con ejemplos concretos casos de malversación del erario público, implicación de gobernantes de todas las épocas y los actuales en ilegalidades de ese tipo, no hay voluntad política parta enjuiciarlos y rescatar los recursos robados a todos los panameños.
De su parte, otro de los líderes de movimientos populares, Jorge Guzmán, ha insistido en la idea de la Asamblea Constituyente originaria con plenos poderes que permita refundar el Estado, que tiene un modelo económico neoliberal y depredador de las finanzas públicas.
En la jornada, por parte del Ejecutivo, la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, resaltó que la sociedad civil organizada “es necesaria” en ese rol de lograr una mayor fiscalización en el combate contra la corrupción.
Sin embargo los gremios insisten en la creación de una “comisión de la verdad” para abordar el flagelo y conformar un Comité de Auditoria Social.
La representante del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Universidad de Panamá, Marlene de León, a su turno, manifestó que la población no ha tenido una rendición de cuentas que den certeza del castigo.
“Para que haya una balanza equilibrada, con todos los precedentes nefastos de corrupción en el país, esto tiene que pasar por una participación ciudadana imparcial que ponga el sello de la certeza del castigo”, remarcó.
Otros integrantes de los gremios, cuestionaron la distribución del presupuesto del año 2023 y el alquiler de autos en el Ministerio de la Presidencia.
Ante otro de los requerimientos sobre 72 productos regulados de la canasta, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, señaló que se realizan operativos para fiscalizar ese acuerdo y agregó que existe una instrucción del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, de conformar un equipo para dar seguimiento a todo lo acordado en la Mesa Única del Diálogo por Panamá
Las dilatadas conversaciones comenzaron el pasado 21 de julio en el Centro Cristo Sembrador de la ciudad de Penonomé, capital de la provincia de Coclé.
Canasta básica familiar, combustible, educación, energía eléctrica y seguridad social han sido los seis asuntos que en agenda precedieron a los análisis sobre corrupción, todos con algunos consensos rodeados de irregularidades que motivaron una marcha popular el pasado martes hasta la presidencia de la República para exigirle al Gobierno que honre sus compromisos.
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